Inmobiliaria Colonial ha logrado un acuerdo con sus acreedores que le permitirá aplazar el pago del grueso de su deuda de 7.000 millones de euros en cinco años, periodo durante el que prácticamente solo pagará intereses. Además, reforzará su estructura de capital con una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 1.400 millones, con un plazo de cinco años y medio, de los que 1.300 millones ya cuentan con la garantía de la banca titular de los préstamos y de otros acreedores que se los quedarán, si no los colocan en el mercado, mediante la compensación de parte de sus créditos.

Paralelamente, para reducir el importe total de la deuda, Colonial se ha comprometido en su acuerdo "formal y vinculante" con los cuatro bancos que coordinaban el préstamo sindicado y con las restantes entidades acreedoras a venderse un 33% de la filial francesa Société Fonciére Lyonnaise (SFL); el 15% que posee de FCC; y la totalidad de Riofisa, sociedad dedicada a la explotación y promoción de centros comerciales.

El presidente de Colonial, Juan José Brugera y el nuevo consejero delegado, Pere Viñolas, explicaron ayer que estas ventas no tienen ni un calendario obligado, ni una fórmula concreta, ya que no tienen una presión temporal para ejecutarlas, sino que esperarán al mejor momento para los intereses de los accionistas. Lo único que correría más urgencia sería la venta de SFL, antes de fin de año, para poder acogerse a las ventajas fiscales francesas, aunque Brugera aseguró que "no malvenderán" solo para no perder las ayudas.

En todo caso, los dos directivos apuntaron la posibilidad de que el conjunto de estas desinversiones permita "reducir casi a la mitad el importe de la deuda", una vez descontado el impacto de los bonos convertibles. En definitiva, que esperan obtener unos 2.000 millones, equivalente a lo que pagó en su momento Colonial solo por Riofisa. Brugera se limitó a comentar que "eran otros tiempos y otras condiciones de mercado" con un consejo de administración que representaba a accionistas distintos. Una de las primeras medidas del actual consejo, nombrado a instancias de los bancos acreedores, principalmente La Caixa y Popular, fue poner al día el valor real de los activos de la compañía, lo que supuso un ajuste por saneamiento de activos de 2.582 millones en los resultados del primer trimestre.