Un paso adelante para el carbón español. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la propuesta de orden de pagos por capacidad que le envió antes del verano el Ministerio de Industria, según informaron ayer a este diario fuentes de la patronal del sector Carbunión. Este nuevo sistema sustituirá al anterior mecanismo de primas (decreto de garantía de suministro) que dejó de aplicarse al cierre del 2014.
La puesta en marcha de esta regulación, pendiente ahora de su publicación definitiva por el ministerio, es decisiva para que Endesa ratifique su apuesta por la continuidad a largo plazo de la térmica de Andorra, de la que dependen un millar de empleos directos. Para ello, la eléctrica debe invertir unos 230 millones de euros en la adaptación de la la central a la normativa europea sobre emisiones contaminantes. El Estado podría llegar a subvencionar con hasta 94,5 millones de euros (90.000 por cada megavatio instalado) esta reforma, según el nuevo marco de pagos por capacidad.
El informe favorable del consejo de la CNMC, que debatió sobre este asunto el pasado miércoles, contiene algunas modificaciones sobre la propuesta inicial de Industria, que había sido consensuada con empresas mineras y compañías eléctricas, según avanzó Diario de León.
POSIBLES DEMANDAS El informe de la CNMC es preceptivo para que el Gobierno pueda enviar la orden a Bruselas, ya que debe ser la Comisión Europea la que determine finalmente si las propuestas contenidas en la norma se adaptan a las exigencias de garantía de la competencia.
El sector cree, sin embargo, que Industria optará por publicar la orden y ponerla en vigor de manera inmediata, sin esperar al dictamen de Bruselas. El mayor riesgo ahora es que el descontento de algunas compañías eléctricas con este nuevo mecanismo de incentivos, principalmente de Gas Natural, derive en una demanda judicial que frene la puesta en marcha de la orden, como ya ha ocurrido en el sector en otras ocasiones.
La publicación de dicha norma llega con retraso ya que debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, al desaparecer el anterior sistema de primas. Esto ha agravado la situación financiera de las empresas mineras, sobre todo en el norte de España.
