EL TRIBUNAL Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por la DGA en el año 2000 contra el Real Decreto de explotaciones porcinas que recurrió por considerar que invadía las competencias autonómicas. Según los argumentos empleados en su día por el Ejecutivo, las disposiciones del Real Decreto vaciaban de contenido títulos competenciales autonómicos.
