La CEOE dio ayer un paso más hacia la flexibilidad total del mercado de trabajo al proponer una nueva rebaja de las indemnizaciones por despido: 20 días por año trabajado para los nuevos contratos indefinidos, de los que ocho días pagaría el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), si el despido es improcedente y 12 días en los procedentes. Pero lo que esconde esta propuesta es reducir los procedimientos judiciales para que los jueces no tengan que "pedir tantas pruebas", en palabras de Juan Rosell, y den la razón al empresario en cualquiera de las causas de despido.

En el 2010, en el 73% de las demandas "los jueces nunca nos han dado la razón", lamentó el presidente de la patronal. "Cuanto más fácil sea la salida, más fácil será la contratación y los empresarios nos atreveremos a contratar", dijo Rosell, para justificar la propuesta realizada en tiempo de ofertas electorales. CCOO la calificó de "invitación al desencuentro y al conflicto" y, al igual que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, pidió que no se deje llevar por la "coyuntura política".

TIEMPO ELECTORAL Pero Rosell no confía en que el PP, la formación con más posibilidades de gobernar, las lleve en su programa electoral o las adopte desde el Gobierno. Los partidos, dijo, "hacen cosas diferentes cuando están en el Gobierno y en la oposición". Quizá por esa razón el documento recoge las propuestas más ultraliberales que, en algunos casos, superan las que en su momento hicieron el PP y CiU durante el debate parlamentario de la reforma laboral en el 2010.

El documento se limita a enunciar las propuestas por lo que los 12 días de indemnización en caso de despido procedente podrían quedar en nada según los casos, como reconoció Rosell. En su opinión el Fogasa se va a quedar sin fondos más pronto que tarde, por lo que habría que ir a un sistema de capitalización, una figura extraña al sistema de relaciones laborales español. Ahora, el Fogasa paga 8 de los 20 días en los despidos improcedentes.

Junto a esta rebaja de costes empresariales en el despido, la CEOE pide desvincular las subidas salariales del IPC y facilitar que las empresas se descuelguen de los convenios del sector. Además, reduce los contratos a indefinido, temporal, fijo discontinuo, de obra y servicio, a tiempo parcial y de formación.

Rosell fijó para el primer trimestre del 2012 el "punto más negro" para el empleo en España, una razón por la que la propuesta electoral de los empresarios pone, en esta reforma laboral, todas las esperanzas en la salida de la crisis. Sin estos cambios, dice el documento, "no servirán de mucho" otras iniciativas como la lucha contra el fraude fiscal, la reducción del gasto público, la lucha contra el abstencionismo laboral o la reestructuración del sistema financiero.