Profesión: Doctora en Derecho y profesora universitaria.

Edad 46 años.

Lugar de nacimiento: Peraleda de Zaucejo (Badajoz).

Cargos anteriores: Consejera de Presidencia y de Fomento de la Junta de Extremadura.

--¿Qué cambiará con la nueva ley del suelo aprobada ayer?

--La ley de suelo es transparencia y control, urbanismo sostenible, calidad de vida y participación ciudadana. Atrás va a quedar la especulación y la opacidad. Los nuevos Ayuntamientos van a regirse por esta nueva norma: un código de conducta más exigente, transparente y menos tolerante con las malas prácticas. La ley no pone freno al desarrollo urbanístico, pero sí le pone control. El crecimiento desordenado, que tantos escándalos ha propiciado, no es sostenible a largo plazo. Había que poner orden y esta ley lo hace.

--¿Sobre qué bases?

--Asentará las políticas urbanas sobre los principios de un desarrollo territorial y urbano sostenible; va a asegurar una mayor oferta de suelo urbanizado para la construcción de viviendas protegidas que las haga asequibles; incrementará la eficiencia de los mercados de suelo desincentivando la especulación y aumentará la transparencia de los procesos urbanos con controles públicos y la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de las decisiones que afectan a su ciudad.

--El PP ha mantenido su rechazo.

-- Al margen del PP, la ley sale de las Cortes con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, lo que demuestra una voluntad de consenso real.

--¿En qué medida van a notar los ciudadanos el cambio legal?

--Podrán opinar sobre todos los convenios urbanísticos durante su plazo de información pública antes de que se aprueben, o consultar en internet los planes urbanísticos en vigor de su municipio. Notarán cómo cada vez son menos los espacios naturales de su entorno que desaparecen. Las ciudades no las harán los promotores, sino los ciudadanos.

--¿Esta ley acabará con la especulación y la corrupción urbanística?

--Es uno de sus objetivos. Obliga a sacar a información pública y a llevar a la aprobación del pleno todos los convenios de planeamiento y las permutas de terrenos; a que en los expedientes de recalificaciones de terrenos que conlleven una plusvalía conste quiénes han sido sus propietarios durante los últimos cinco años (así podremos saber quiénes se están haciendo ricos especulando con la venta sucesiva de un suelo); a que los notarios comuniquen a los Ayuntamientos las escrituras sobre las que hayan tenido alguna duda de legalidad; a anotar en el Registro de la Propiedad qué terrenos se incorporan a los patrimonios públicos de suelo y cuáles están destinados a vivienda protegida; a que los concejales y directivos locales hagan declaraciones públicas de sus bienes y actividades. La ley se lo va a poner difícil a especuladores y corruptos.

--¿Qué papel van a jugar con esta nueva ley los ayuntamientos?

--Tendrán más oportunidades para gestionar políticas de suelo y vivienda, y también más exigencias para hacerlo con transparencia, participación ciudadana y controles de legalidad.

--¿Bastará la reserva del 30% en los nuevos desarrollos para vivienda protegida para impulsarla?

--Sí, porque la principal dificultad para promover vivienda protegida es la disponibilidad de suelo a precios que hagan posible construirla. Una mayor oferta de vivienda protegida quitará presión de demanda de la vivienda libre y contribuirá a moderar los precios. Pero, y sobre todo, permitirá acceder a la vivienda a quienes no pueden comprar una vivienda libre. Además, los ayuntamientos estarán obligados a destinar los patrimonios públicos de suelo a vivienda protegida y el suelo público no se podrá subastar.

--¿Aumenta el poder de las autonomías en temas urbanísticos?

--Tendrán más capacidad de control sobre lo que ocurre en su territorio, ya que las urbanizaciones que aumenten más del 20 % la población o la superficie urbanizada de un municipio no podrán seguir aprobándose con parches del planeamiento, sino que exigirán su revisión global.