Más de 50.000 trabajadores están abocados a perder su empleo en los próximos meses, hasta el verano, debido a los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados o anunciados en empresas de todos los tamaños. La destrucción de empleo en este año que acaba de comenzar se extenderá al sector público, que está bajo la lupa del Gobierno, al tiempo que aumenta la conflictividad en los juzgados por la presentación de demandas que obliga a los jueces a sentar doctrina sobre la polémica reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
En los diez primeros meses de año pasado el número de trabajadores afectados por los ERE aumentó el 53,4%, según los últimos datos del Ministerio de Empleo. Los que alegaron causas económicas se dispararon el 108% y los no pactados, el 82,7%.
La supresión de la autorización administrativa previa de un ERE en la reforma del PP, ha dado más trabajo a los juzgados y disparado las consultas en los servicios de arbitraje. Hasta septiembre las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social aumentaron el 24,6%, según la última estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
PEOR EN EL 2013 El año 2013 empeorará. Los cálculos de los sindicatos cifran entre 30.000 y 50.000 los trabajadores que quedarán en el paro debido a la reforma del sector financiero. De ellos, 20.000 pertenecerían a las antiguas cajas de ahorro y 6.000 a Bankia.
La previsión de pérdidas o la caída de ingresos están tras los expedientes de Vodafone (unos mil despidos) y de Roca en Alcalá de Henares (Madrid) para 258 empleados (además de cerrar la factoría de Sevilla con 228 trabajadores). En Iberia peligra el empleo para 3.800 trabajadores y en AENA la reducción de plantilla afectará a unos 1.600.
Después de que diversos analistas hayan descartado el rescate para España, el paro se afianza como el principal problema, lo que para Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, corrobora que la solución a la crisis "no era el déficit ni el pago de la deuda, sino el empleo".
"FRACASO" DE LOS AJUSTES Ante esta situación tanto Ferrer como Paloma López, secretaria de empleo de CCOO, reclaman al Gobierno que impulse políticas de estímulo a la economía como única manera de frenar la subida imparable del desempleo, cuando se da por descontado que el 2012 cerró con seis millones de parados.
El "fracaso" de las políticas de ajuste no solo tiene un efecto pernicioso en el empleo. "La conflictividad", asegura López, "ha aumentado en todos los niveles: empresa, sector y tribunales, y ha pasado desde el ámbito laboral al social" al afectar al poder de compra de las familias. En esta línea, Ferrer subraya que los ajustes han derivado en más desempleo y en la caída de la demanda ya que sin dinero no hay consumo, ni actividad ni se crea empleo.
