Cada día llegan a los juzgados aragoneses una media de una o dos demandas por cláusulas suelo hipotecarias. No hay una avalancha de casos, pero sí una "oleada creciente", según varias fuentes jurídicas. Alienta esta tendencia el reciente pronunciamiento de la Comisión Europea, que ha avivado las esperanzas de los afectados sobre la devolución de todas las cantidades cobradas de más por los bancos, la denominada retroactividad total.
Por lo pronto, el 99% de las sentencias que se conocen cada semana dan la razón a los demandantes, lo que conlleva, como mínimo, la anulación de este límite a la bajada del euríbor sobre el tipo de interés de los préstamos para vivienda. O dicho de otra manera, dejar de pagar un promedio de unos 200 euros en la cuota mensual del préstamo.
No existe ninguna estadística oficial sobre el número concreto de demandas sobre esta materia que hay en comunidad, pero asociaciones de consumidores y abogados especializados en reclamaciones bancarias cuantifican en varios miles los afectados aragoneses que han recurrido a los tribunales. Sí se sabe que desde abril se han presentado al menos 500 pleitos en los dos juzgados mercantiles de Zaragoza, es decir, una media de uno o dos por día, según los datos aportados a este diario por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
En concreto, en el Mercantil número uno de la capital aragonesa se han registrado 84 demandas en el tercer trimestre, mientras que en el número dos se han contabilizado otros 134 entre el 14 abril al 1 de octubre, según la citada fuente judicial.
MACRODEMANDA
Al margen de los casos individuales, más de un millar de familias aragoneses forma parte de la macrodemanda por cláusulas suelo de Adicae contra 101 entidades (en la actualidad 35, fruto de las fusiones), entre ellas, CAI (ahora Ibercaja), Bantierra y Caja Rural de Teruel. Se trata de la mayor acción judicial colectiva de la historia de España y su resolución es inminente.
Tampoco existen cifras oficiales sobre el número de afectados por esta mala práctica bancaria, pero Adicae estima que en Aragón hay unos 55.000 clientes hipotecados con la controvertida cláusula (dos millones en toda España), la mitad con Ibercaja, que nunca aplicó esta condición en sus préstamos pero heredó el problema de la CAI. Cada uno de ellos ha pagado una media de 15.000 euros de más en los últimos años, según dicha asociación de consumidores. Si se reconociera el derecho a la devolución íntegra de las cantidades, las entidades financieras deberían devolver unos 800 millones de euros a los afectados de la comunidad.
La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Europeo de Justicia, que en unos cuatro meses resolverá la consulta de tribunales españoles sobre si se aplica la retroactividad total o parcial, es decir, desde mayo del 2013, como dictó el Tribunal Supremo.
ZARAGOZA, PIONERA
A finales de septiembre, la Audiencia Provincial de Zaragoza fijó su posición y se alineó con el criterio del Tribunal Supremo. Así ocurrió después de varias sentencias del Mercantil uno que condenaban a las entidades a devolver a los clientes todo lo cobrado de más desde la firma de los préstamos.
El letrado zaragozano Alberto Sanjuán, miembro del despacho Cross Abogados, destaca como novedad una reciente sentencia también del citado juzgado que aplica medidas cautelares contra cláusulas suelo (y su posterior nulidad) aunque el demandante sea un autónomo ni un consumidor. "Es un paso importante porque hasta ahora no se seguía este criterio", señala esta abogado. Su bufete acumula un centenar de demandas de este tipo en Aragón.
Ausbanc, por su parte, ha presentado otros 20 pleito en las últimas dos semanas en Zaragoza, donde ya suma unas 200 desde octubre del 2013. "Los bancos están llevando a cabo unas campañas muy fuertes para llegar a acuerdos rápidos con los clientes y evitar demandas judiciales", señala Alberto Cardona, delegado de esta organización en Aragón, que anima a denunciar porque lo contrario supone "renunciar a la devolución de las cantidades" cobradas de más.
Desde hace un mes las demandas por cláusulas suelo se las reparten los juzgados civiles, los de primera instancia, en lugar de los mercantiles. Esto permitirá hacer más rápida la tramitación y resolución de estas demandas, al tener los juzgados de primera instancia un tiempo de espera mucho menor que los mercantiles. Hasta ahora, los juzgados de Zaragoza tardaban entre nueve y doce meses en resolver estos casos.
