La suerte de Rodrigo Rato está echada. El que fuera uno de los hombres más poderosos del planeta tras presidir el FMI se va a convertir en un habitual de los tribunales. En los juzgados de Plaza Castilla tendrá que explicar su patrimonio personal en el extranjero y desde el lunes la fiscalía anticorrupción asumirá esta investigación. Este organismo le sigue los pasos desde el 2012 cuando Bankia, que él presidía, tuvo que ser nacionalizada.
El fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, pidió ayer a la fiscal general, Consuelo Madrigal, que le remita la denuncia que el pasado jueves presentó la fiscalía de Madrid en los juzgados de guardia de la capital y que provocó la detención de la mano derecha de José María Aznar en el Gobierno del PP durante siete horas para "asegurar su presencia" en los dos registros practicados por agentes del servicio de vigilancia aduanera, en su domicilio y en su despacho.
En su escrito, Salinas confirmó que Anticorrupción lleva casi un año siguiendo la pista a Rato "y otras personas". Casi el mismo tiempo que la Agencia Tributaria comenzó a revisar con lupa las declaraciones del exdirigente popular. La AEAT comenzó a investigar a Rato después de haberse acogido a la amnistía fiscal del 2012, tras haber presentado las posteriores declaraciones sobre bienes en el extranjero, sobre el IRPF y sobre patrimonio, y una vez que recibió un soplo del organismo internacional de inteligencia económica. Este centro alertó a Hacienda de que el exvicepresidente del Gobierno había abierto varias sociedades y cuentas en el extranjero a las que transfería cantidades de dinero.
Las alarmas saltaron por su condición de persona expuesta políticamente (PEP) por haber ocupado cargos relevantes nacionales e internacionales y también porque algunos familiares de Rato eran los titulares de estas actividades. Los servicios de inteligencia, según estas fuentes, sospecharon que podían estar actuando como testaferros. Este entramado tendría por objeto, según estas fuentes, poner a resguardo parte de la fortuna personal del exministro de Economía.
UN ASUNTO PERSONAL
Por ello, el Gobierno se desmarcó de este escándalo al querer rebajarlo a "un asunto personal" que no tiene relación con corruptelas. Cristóbal Montoro, que autorizó la presentación de la denuncia en los juzgados de Madrid, se mostró orgulloso por esta actuación. "La agencia tributaria actúa con independencia y firmeza", señaló ayer tras el Consejo de Ministros. "Da igual la pertenencia a un partido o no, da igual el relieve social, político o económico. Todos somos iguales ante la ley", enfatizó.
Fuentes jurídicas apuntaron ayer que Hacienda escogió a la fiscalía de Madrid porque los delitos denunciados son competencia de estos tribunales. Sin embargo, actuó también por otros motivos. Y es que en Hacienda existe malestar por los tiempos pausados que emplea Anticorrupción para actuar mientras que los fiscales de Madrid son más resolutivos. La fiscalía, en la denuncia que presentó el jueves contra "Rato y otras personas" pidió el registro de los inmuebles del expolítico y su detención que se ejecutó inmediatamente. Ayer, antes de que este caso pase a manos de Antonio Serrano-Arnal, al que le cayó por reparto, la fiscalía logró que el juez de guardia ordenara el embargo de las cuentas del exvicepresidente económico.
Además, las fuentes consultadas han reconocido que las relaciones entre Hacienda y Anticorrupción no atraviesan su mejor momento y algunos llegaron a insinuar que esta fiscalía rechazó presentar una denuncia similar a la presentada en Madrid hace un par de meses porque no encontró motivos para hacerlo. Por su parte, fuentes del entorno de Rato han revelado que las relaciones entre el exministro y el actual responsable de esta cartera no son buenas.
Las diferencias surgieron cuando Montoro firmó la ley que declara imprescriptibles los delitos en que incurran las personas que no declaren íntegramente los bienes que guardan en el extranjero. Rato, según estas fuentes, trasladó su malestar a su sucesor en esta cartera al considerar que esta decisión era "desporporcionada" para luchar contra el blanqueo de capitales.
Rato pasó la mañana de ayer en su despacho que abandonó la medianoche anterior después de que el juez de guardia acordara su puesta en libertad. Fuentes jurídicas han explicado que los agentes de vigilancia aduanera dejaron encendidos los ordena dores de las oficinas de Rato para llevar a cabo el volcado de los mismos, pero un fallo en el sistema obligó a repetir la operación por lo que era necesaria la presencia del expolítico.
Estas mismas fuentes también revelaron que en el registro del domicilio se superó un momento de tensión, ya que en la misma finca y planta reside una hermana de Rato, a la que Hacienda quiso registrar. En los documentos figuraba como propietario de la casa una sociedad domiciliada en la casa de Rato. Después de que los agentes constataran que este inmueble era la vivienda habitual de la hermana se centraron solo en la casa del exvicepresidente.
Ahora, Rato sigue proclamando su inocencia a través de comunicados a Efe. "No tengo ninguna sociedad en ningún paraíso fiscal".
