La gestión de la CAI en los últimos diez años ha puesto sobre la mesa varios capítulos cuando menos turbios y sorprendentes que todavía no se han aclarado. El último de ellos lleva la firma de Ramón Marrero, abogado, empresario, y exconsejero socialista de la Junta de Andalucía, que estuvo ligado a los negocios inmobiliarios de la entidad aragonesa en el sur de España. Recientemente, Marrero (imputado por delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal tras la querella presentada por CAI contra él y contra el que fuera exdirector general de la caja, Tomás García Montes, entre otros) ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza que complementa su declaración, a comienzos de julio, ante la juez.
En el mismo se denuncia que todas las actuaciones que se realizaron entre el 2001 y el 2009 --años en los que hubo una relación comercial entre la entidad aragonesa y Marrero-- necesitaban el visto bueno de los máximos órganos de CAI, en concreto, de su consejo de administración y de su consejo ejecutivo. "CAI no puede esgrimir con un mínimo decoro y rigor que no tenía conocimiento de las decisiones que se adoptaban en las sociedades participadas", señala.
LA EXPANSIÓN DE LA CAJA
En concreto, el exsocio de CAI señala que la política de expansión de la caja obtiene su "impulso esencial" siendo director general de la entidad Luis Calvera Serrano, quien "diseñó la estrategia empresarial y comercial". Una expansión que incluía, según relata, "descuentos en la adquisición de viviendas por parte de los empleados de CAI, estableciendo una serie de porcentajes, en función de su mayor o menor involucración en las sociedades participadas, siendo aceptada y puesta en práctica por las sociedades participadas".
Por tanto, esgrime en su defensa que, "resulta contradictorio que sea la propia caja la que ahora recrimina estas decisiones", en clara alusión a la querella interpuesta por CAI contra Marrero y García Montes. Y añade: "esta política comercial estaba abierta a todo aquel empleado de CAI que solicitase la compra de viviendas en algunas promociones, y no solamente las adquisiciones formalizadas por García Montes y Javier Alfaro como pretende hacer ver de forma interesada el querellante".
Y Marrero va más allá, puesto que detalla en el escrito al juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza que hubo bonificaciones de precios en la promoción de viviendas Las Gardenias, a favor de García Montes (vivienda en planta 3ª, letra A, portal3, módulo 2) y del exgestor de los negocios inmobiliarios de la caja en Andalucía, Javier Alfaro (en la misma planta, portal y módulo, pero en la letra B). Pero hubo más. Señala que también se beneficiaron de esos descuentos en la promoción de viviendas Las Camelias, el exdirector general adjunto, Antonio Hernández (vivienda en planta ático, letra B, portal1, edificio 2); el exejecutivo de CAI Inmuebles Julián Puente (planta ático, letra B, portal 1, edificio 3) y el exdirector comercial de la caja, Rafael Aguelo (ático, letra A, portal 1, edificio 2).
La tercera de las promociones bonificadas, en el edificio Parque Central de Estepona, señalan a Luis Calvera Serrano (quinta planta, letra G1, portal G); el exresponsable de CAI en Andalucía, Raimundo GarcíaFigueras (quinta planta, letra J2, portal J-K); y el exdirectivo de CAI Inmuebles Óscar Benito (sexta planta, letra H2, portal H-I), si bien este último no llegó a consumar la adquisición.
VIAJES
Pues bien, en el escrito, Marrero subraya que los hechos objeto de la querella se encuentran "claramente manipulados" y "no responden a la verdad". Así, denuncia que las decisiones que se adoptaron en el seno de las sociedades participadas necesitaban el visto bueno, entre otros, del consejo de administración y el consejo ejecutivo. Por tanto, la capacidad de decisión de CAI era "total", subraya Marrero. Y detalla que los empleados de Caja Inmaculada que ostentan poderes en las sociedades participadas son Tomás García Montes, Francisco Javier Alfaro, Javier Ratón, Raimundo García-Figueras (exresponsable de CAI en Andalucía), José Luis Paesa, Eusebio Cezón, Oscar Benito (exdirectivo de CAI Inmuebles) y Juan Antonio Iglesias, según el escrito.
Por otro lado, Ramón Marrero, también alude al viaje que realizó a Egipto, en diciembre del 2007 al que alude la querella presentada por CAI. Pues bien, en el escrito presentado ante el juzgado, subraya que resulta "absolutamente habitual e innumerables, los viajes y atenciones protocolarias con los que CAI agasaja a las personas que forman parte de sus órganos de dirección y administración y a sus familiares". Y también detalla algunos de ellos, como uno a Puerto de Santa María en el 2005, en el que se invitó a los miembros del consejo de administración, comisión de control y altos directivos de CAI y a sus familiares, así como a un número relevante de socios de las empresas participadas y sus familias. "Es innecesario señalar que no fue un viaje de trabajo", concluye Marrero.
LAGO DE COMO Y MÁS
El exsocio de CAI también menciona un viaje al lago de Como (Milán) al que aisitieron el entonces director general de la caja, Luis Calvera, altos cargos de la entidad y socios de las sociedades Arcai Inmuebles, Golf de El Puerto y el Soto de Vistahermosa, junto con sus familiares. "Y como los descritos, innumerables viajes a lugares remotos y exóticos, todos pagados por la entidad financiera, en algunos casos en exclusiva, y otros con la intervención de las sociedades en las que participan".
Por tanto, sobre su imputación, Marrero pone de manifiesto que "no tiene ninguna responsabilidad y mucho menos de carácter penal", puesto que actuó, "en todo momento de acuerdo con las costumbres implantadas por la propia caja...". Esta documentación aportada es solo la punta del iceberg del entramado inmobiliario de CAI entre los años 2000 y 2010.
