Pikolín deberá afrontar un juicio como consecuencia del ERE aplicado en el 2013 y que supuso el despido de 45 trabajadores y la salida incentivada de 80 empleados de más de 57 años. Un grupo de 69 prejubilados ha interpuesto una demanda contra la empresa al entender que la indemnización acordada no se abonó de la forma correcta. Aseguran los afectados que Pikolín se comprometió a pagarles el 80% de su salario neto, cuando "en realidad" el grueso de la indemnización ha corrido a cargo del antiguo Inem. En concreto, acusan a la compañía de haberles descontado las prestaciones por paro, algo que, según ellos, no se estipuló en el acuerdo. Las partes se verán las caras en un juicio el 13 de septiembre.
Por otra parte, 20 de esos prejubilados han interpuesto otra demanda por daños y perjuicios porque no están pudiendo recibir los subsidios que les correspondían al superar el 75% del SMI. "Según la ley y la jurisprudencia, debe ser la empresa la que nos pague eso", indicaron.
Pikolín trasladó su "sorpresa" por la demanda y aseguró que el grupo "ha cumplido los acuerdos que firmó con el comité". "Todo se ha hecho conforme a la legalidad", dijo la compañía.
