El desafío sececionista de Cataluña está de actualidad. Desde hace varios años, en concreto desde el arranque de la década, la Diada de Cataluña, que se celebra el 11 de septiembre, se ha tornado en un acto reivindicativo destinado a pedir la independencia de España. Fue a partir de las elecciones autonómicas del 2015 cuando la política catalana elevó el tono y dichos comicios fueron tomados como un referéndum sin serlo como tal, ya que se iba a decidir el nuevo ejecutivo y la composición del Parlament.

De este modo, formaciones históricamente enfrentadas y discordantes ideológicamente como Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) principalmente, se unieron bajo una candidatura común llamada Junts pel Sí (Juntos por el Sí), con ánimo de obtener mayoría absoluta en el Parlament y poder comenzar con el proceso de desconexión de España al tener los instrumentos necesarios para aprobar las leyes necesarias, aunque fueran en contra de la Constitución Española.

En dichas elecciones, Junts pel Sí logró 62 escaños, seis menos que los 68 necesarios para tener mayoría absoluta. Sin embargo, la CUP (Candidatura de Unidad Popular), partido de extrema izquierda que también pretende la independencia, después de consultar a sus militantes, apoyó la investidura, por lo que los independentistas tenían la mayoría de escaños, aunque no la de votos, por la Ley D’Hondt. Eso sí, una de las principales exigencias fue que Artur Mas, candidato a ser el presidente de nuevo (que fue como quinto cabeza de lista a las elecciones), fuera apartado. De este modo, Junts pel Sí propuso a Carles Puigdemont, hasta entonces alcalde de Gerona, para ser el presidente de la Generalitat. Desde entonces, el desafío fue tomando forma y adquirió un gran impulso en septiembre.

El día 6 de dicho mes, los independentistas aprobaron la ley del referéndum ante la ausencia, por considerarse antidemocrático, de los partidos de la oposición. Posteriormente, el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional comenzaron a utilizar todos los instrumentos legales para impedir la consulta del 1-O. Mientras tanto, el Parlament aprobó la Ley de Transitorierad. Desde entonces y hasta el día de la consulta, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron órdenes de impedirla requisando urnas, papeletas y sobres.

Finalmente, después de protestas, acciones legales y advertencias, llegó el 1 de octubre. Aunque legalmente no es vinculante (de hecho el censo universal, el cierre de numerosos colegios, las supuestas votaciones múltiples, los votos en la calle o que no haya datos oficiales así lo atesoran), para Puigdemont sí que lo es y se trabaja para evitar la DUI (Declaración Unilateral de Indepencia). En el supuesto de que Cataluña se separase de España, ¿qué consecuencias tendría?

Los efectos / «Para España, nefastas. Hay una cuestión principal, que es el principio de la integridad territorial del Estado. España es un estado y lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Cataluña nunca ha sido una entidad separada y por tanto estas ansias independentistas que de pronto han brotado potenciadas desde distintos grupos políticos interesados en otras cosas, no tienen ningún sentido y no tienen ninguna justificación desde el punto de vista del derecho español e internacional», afirma Carmen Tirado, profesora de Derecho internacional público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza. «Desde este último punto, que es el que yo trabajo, ese principio de autodeterminación de los pueblos que utilizan y esgrimen algunos independentistas no es aplicable en absoluto al caso catalán. Se establece en la Carta de San Francisco para proteger los derechos de los pueblos oprimidos por el colonialismo. Ni es un territorio sometido a dominación colonial, ni hay ninguna dictadura ni nada por el estilo. Es una parte del estado español, democrático, de derecho y que protege los derechos humanos», añade.

En el caso de Cataluña, «también son nefastas las consecuencias». En el apartado económico, hay multitud de empresas y bancos que están cambiando su sede social por la inestabilidad. En el apartado internacional, «Si Cataluña decide salir de España, sea legal o ilegalmente, va a salir de la Unión Europea y eso ya lo han dicho muy claramente los representantes de las instituciones europeas. Tanto en la Comisión como en el Parlamento se ha dicho por activa y por pasiva que si Cataluña deja de ser España, deja de ser de la Unión Europea. Tendría que iniciar el proceso, como hace cualquier nuevo estado, plantear la solicitud ante las instituciones europeas, pasar por la revisión exhaustiva de la Comisión, ver luego si se le da el estatus de candidato y después si negocia un tratado de adhesión. Es un proceso largo que no sería nada automático como proclaman a veces algunos independentistas», explica la profesora.

Por otra parte, «hay una certeza total de que Cataluña no sería reconocido por la comunidad internacional». Además, en la Unión Europea «la decisión sobre la entrada de nuevos países se toma por unanimidad y con que un estado miembro diga que no, ese candidato ya no puede entrar, por lo que supongo que no le darían ni estatus de candidato», explica. Sobre su posible entrada en la ONU, la situación sería distinta «porque no se necesita unanimidad. Son 190 estados y ahí se decide por dos tercios. A lo mejor allí habría ciertas posibilidades, pero tampoco están muy claras», agrega.

En Aragón, sería una situación extraña, «porque seríamos frontera». Ya lo somos con Francia, pero la barrera de los Pirineos y el hecho de que el país galo es una nación histórica hace que no sea tan extraño como si Cataluña se independizase. «Creo que no lo han pensado bien ni racionalmente teniendo en cuenta todos los factores en juego. Se han dejado guiar por la pasión. A Aragón no le beneficiaría una Cataluña independiente desde luego. Es algo que se ha dado a lo largo de la historia de España y de hecho el Reino originario era el de Aragón y Cataluña era parte de él, por mucho que ahora digan otras cosas», recalca Tirado.

Todavía no está claro qué es lo que va a pasar en Cataluña. La consulta celebrada el pasado 1 de octubre, sea vinculante o no y con más o menos garantías, no es el último capítulo del «procés» llevado a cabo por los catalanes. De momento, la sociedad se está fragmentando.

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