-¿Habrá ley aragonesa de renta social básica esta legislatura?

-Eso depende de los grupos políticos de las Cortes de Aragón y del modelo que cada uno decida defender en el parlamento. Lo que sí teníamos encima de la mesa era un modelo muy concreto que venía a superar la ley 1992 -del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)-. No es una cuestión que venga de corto. Ya en la anterior legislatura se intentó una reforma y las entidades sociales manifestamos que no nos sentíamos a gusto con los principios que planteaba.

-¿Por qué?

-Para nosotros era fundamental que se estableciese como un derecho subjetivo. De la misma forma que una persona con problemas de salud tiene garantizado su acceso a los recursos sanitarios, pensamos que ante un problema social no puede estar expuesta a una mayor vulnerabilidad que le provoque una deficiencia en el ámbito de la inclusión. También pedíamos ir un paso más allá en la regulación de la participación de las entidades sociales, dentro de la gestión que hemos venido realizando durante todos estos años.

-¿Cuáles son las principales diferencias entre el modelo vigente y el de la Red?

-El IAI establece un itinerario de inserción. La ley de renta social básica sigue apostando por esta condición pero no se reduce exclusivamente a regular una cuestión de gestión de recursos públicos, sino que reconoce el papel de la ciudadanía organizada. En 1992, ni el tejido social estaba tan desarrollado ni la sociedad civil ofrecía tantas posibilidades de gestión de esas demandas como ahora. Nuestra experiencia nos ha dado solvencia en el sector y capacidad para resolver dificultades de gestión que tiene la Administración en ámbitos como el de la discapacidad, la participación ciudadana o la defensa de los derechos. Las entidades hemos sido complementarias o subsidiarias de lo público, y coparticipantes en todos esos procesos. Queríamos que ese reconocimiento de facto se plasmase organizativamente en la nueva ley. Y pedíamos que la norma contemplase particularidades y concreciones de la nueva realidad social: familias complejas, fenómenos como la necesidad de cohabitación de varias unidades familiares en una sola vivienda, la necesidad específica de atención de colectivos concretos como los migrantes… Todo eso ha cambiado desde 1992.

-¿Qué proponen ustedes para responder a esos cambios?

-No todas las entidades de la Red apostamos por un mismo modelo uniformado. Eso debe concretarlo el máximo órgano de participación de esta comunidad autónoma, que es su parlamento. Lo que tenemos en estos momentos es una no respuesta por parte de las Cortes a un encargo que ya le habíamos realizado desde la sociedad civil. Y lo que necesitamos una herramienta que recoja al máximo posible todo lo consensuado a partir de las aportaciones que hicimos las entidades sociales.

-¿Qué pasos se han dado ya?

-El Gobierno de Aragón nos presentó a las entidades el proyecto de ley hace ya más de año y medio. Se hizo sin participación pero en base a ese modelo pudimos hacer nuestras aportaciones, y después el Ejecutivo llevó su propuesta de ley a las Cortes. Los grupos parlamentarios tenían posiciones encontradas y durante todo este tiempo hemos ido a hablar con cada uno de ellos. Les dijimos que para nosotros es muy importante que salga adelante esta ley. Las transacciones que tengan que hacer para aprobarla es cosa suya. Cuando ya estábamos terminando la ronda de contactos, allá por febrero o marzo, nos extrañaba que el Gobierno no presentara a las Cortes la ponencia del proyecto de ley, paso previo a su aprobación. Y entonces nos enteramos de que el grupo Podemos le había pedido su retirada. No tiene ningún sentido, después de casi dos años trabajando en el documento. Solo pedimos que se alcance un acuerdo similar al que han adoptado otros parlamentos. No sabemos muy bien dónde ven el problema, cuando en comunidades como la valenciana han dado el visto bueno a una ley más limitada que la que se iba a presentar en Aragón.

-Además, en esa comunidad forman parte del Gobierno.

-Es que si el problema es si forman o no parte del Gobierno, entonces no es que el instrumento esté mal, de lo que estamos hablando es de que están instrumentalizando el instrumento por un interés que no es el general. Y por lo tanto no se pueden arrogar la representación de la sociedad cuando argumentan que es la sociedad la que no está de acuerdo con la propuesta que habíamos logrado alcanzar.

-¿Y en qué punto estamos?

-Supuestamente, tal y como nos lo transmitieron, en el mes de mayo se tendría que presentar la ponencia para que sea discutida en las Cortes. Si no se convoca este mes, esa ley decaerá. De otra forma, los tiempos serán muy ajustados y peligrará su aprobación en esta legislatura. Lo que les dijimos a todos los grupos es que, si esto ocurre, será la segunda legislatura perdida. Cuando hay leyes tan sensibles para la sociedad como esta, deberían gozar de grandes consensos.

-¿Aún albergan alguna esperanza de que se logre aprobar la ley antes de la disolución de estas Cortes?

-Podíamos decir que en estos momentos su aprobación peligra muchísimo. Entre quienes hemos estado implicados en este proceso, el sentir generalizado es que va a decaer. Nuestra comparecencia en Cortes fue precisamente para espolear a los grupos políticos para que se centraran especialmente en este asunto, ya que teníamos la sensación de que todos ellos estaban instrumentalizando este debate con argumentos que responden a otros fines: que si no se ha cumplido ninguna promesa electoral, que si lo único que se ha hecho es subir impuestos… O directamente que no están de acuerdo ni con la estructura del anteproyecto. Después de dos años conversando con cada uno de los grupos políticos, no nos pueden salir ahora con que no les gusta. Podían haberlo dicho al principio y lo habríamos trabajado juntos. Sus argumentos se reducen exclusivamente a la aritmética parlamentaria, pero no entran a valorar si la ley está o no bien planteada. Solo defienden el interés de su partido. Como recordó ante los diputados Daniel Gimeno, el presidente de la Red, aunque no hemos llegado a un consenso, 51 organizaciones nos pusimos de acuerdo para ir a las Cortes y hablar en nombre de todas. Ellos son solo ocho grupos políticos... ¿Y no son capaces de ponerse de acuerdo en un asunto como este?