Durante los levantamientos populares de la conocida como Primavera Árabe los medios de comunicación dieron a conocer que se había utilizado para la represión civil armamento español tanto en Libia --bombas racimo procedentes de la fábrica de Zaragoza-- como en el Sáhara ocupado --con la acción de vehículos de doble uso en El Aaiún, durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, llamado el Campamento de la Libertad--, pese a que la legislación española indica claramente que la venta de armas a países en guerra o en zonas desestabilizadas está prohibida.
Con anterioridad, varias de estas organizaciones suscribieron solicitudes de información relativas a la venta de armas dirigidas a la Secretaría de Estado de Comercio, siempre con respuesta negativa por acogerse a la Ley de Secretos de Estado. Para denunciar estos hechos se desarrollaron campañas de presión activa sobre el papel perverso del Estado español en la venta de armamento de origen español destinado a Marruecos y se logró algún pequeño cambio de las actitudes. Estas denuncias se basaban en la ocupación ilegal y violenta del Sahara Occidental, desde la invasión del territorio en 1975 hasta la actualidad.
Con estos antecendentes no es raro que durante el periodo de consulta pública abierto para el desarrollo del anteproyecto de Ley de Transparencia, un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs y diversas asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui hayan presentado un conjunto de alegaciones por entender que la nueva ley "supone un ataque al derecho al acceso de información pública relativa al comercio exterior de armas".
De este modo, dentro del procedimiento de consulta pública al que se ha sometido el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
