La violencia en Colombia no termina nunca. Mes tras mes, los campesinos se ven forzados a abandonar sus territorios en nombre de poderes superiores y quedan desamparados sin posibilidad de subsistir. Las agresiones, amenazas y asesinatos están a la orden del día y el Gobierno no tiene la capacidad, ni la intención en muchos casos, de actuar para frenar los desmanes de grupos narcotraficantes y paramilitares. Con el objetivo de poner el dedo en la llaga y denunciar una situación totalmente enquistada, durante este verano se organizó una visita internacional que pretende dar a conocer la realidad del conflicto en todo el mundo.
La segunda Caravana Internacional por la Vida y la Permanencia en el Territorio tuvo lugar entre los días 4 a 12 de agosto conformada por un total de 40 personas de diferentes nacionalidades (España, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y Colombia), y con los ojos puestos en la realidad de los más humildes, recorrió las poblaciones de Aguachica, San Rafael, Mina Viejito, San Pedro Frío, entre otras. La representación aragonesa contó con la presencia de representantes de Izquierda Unida y del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, en señal de apoyo al Comité Internacionalista de Zaragoza.
El objeto de la caravana ha sido el denunciar el despojo o expolio que se pretende realizar en contra de las comunidades que habitan el territorio ya que los miembros de las mismas han encontrado una forma de vivir dignamente en el Sur de Bolívar pero el Gobierno pretende expulsarles para destinar el territorio a su explotación por parte de las multinacionales. Principalmente, compañías mineras y de palma africana.
La mayor reivindicación que plantean los campesinos y afectados por la violencia es que en definitiva, la presencia del Estado en la zona se limita casi en exclusiva a la del ejercito, presentando graves carencias en todo lo relativo a comunicaciones, salud, y educación, en lugar de colaborar con las comunidades el Estado implementa leyes y medidas con el objetivo de situar a las comunidades en situación de ilegalidad, para que se vean obligados a abandonar el territorio.
La región ha sido, según los testimonios recogidos y los acontecimientos que se han sucedido antes y durante la caravana, y sigue siendo golpeada por los grupos paramilitares.
Los episodios de violencia constatados, aunque tienen un origen en apariencia diferente de la violencia paramilitar de la época anterior, mantienen los mismos patrones de conducta, objetivos y finalidades del paramilitarismo clásico. Según explica Luis Mangrané, del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, uno de los representantes aragoneses en esta caravana contra el despojo, los observadores han constatado como los asesinatos producidos en los últimos tiempos a mano de las bandas criminales (incluso uno de ellos la víspera de la llegada a uno de los territorios y otros algunos días después de que la caravana lo abandonara), "persiguen un mismo objetivo, generar terror en la población". Así, denuncian que hechos concretos como masacrar de forma arbitraria a miembros de la comunidad o dejar visibles partes mutiladas de personas asesinadas dan a conocer a la población que los nuevos intereses económicos (concesiones mineras a transnacionales, explotaciones de palma, etc...), están protegidos por estas bandas criminales.
En los documentos de trabajo generados por esta caravana se indica que el problema detectado de esta nueva situación es que la violencia de las bandas, la relación de todas las acciones aparentemente inconexas y la actuación coactiva de los miembros de fuerzas de seguridad es mucho más implícita lo que genera mayor desprotección.
A ello se une la presencia en la región de grupos paramilitares. "Si bien parece que en estos diez años se había pasado de unas campañas de masacres a asesinatos selectivos en la zona, lo cierto es que se produjo una masacre en una de las zonas por las que estuvimos la semana siguiente a nuestra marcha, lo que nos devuelve a las peores épocas", describe Mangrané.
Además, la organización de la caravana indica que la acción de las multinacionales también contribuye a generar situaciones de desplazamiento y desalojo como lo es la ocupación de las tierras de cultivo tradicional y su puesta al servicio de los monocultivos, o las afecciones que generan sobre las fuentes de abastecimiento de alimentación generando situaciones de potencial crisis alimentaria, además de importantes afecciones ambientales de difícil resolución. Describen el caso de la gran minería y que su accionar a través de las excavadoras constituye en sí mismo una eficaz herramienta para el despojo tanto en lo que tiene que ver con lo organizativo --pues la entrada de estos negocios desestabiliza las fórmulas organizativas y productivas tradicionales-- como en lo ambiental pues la práctica extractiva implica la contaminado de ríos.
Además dicen que la violencia funciona como una herramienta en el marco de esta estrategia, demostrándose la existencia de la relación entre las empresas transnacionales y la actividad de los grupos armados ilegales con la connivencia y colaboración de las fuerzas del orden público.
