Lo que las universidades necesitan actualmente es estabilidad normativa y una financiación acorde con las capacidades y necesidades del país. Es la conclusión a la que llegan los rectores en un comunicado emitido tras las declaraciones del ministro. Llevamos tiempo escuchando medias verdades, mentiras y hasta amenazas, sobre el rendimiento de las universidades españolas y hacen muy bien los máximos responsables en poner los puntos sobre las íes. Resulta que, en contra de lo que se dice, en la OCDE sólo el 70% de los estudiantes que inician sus estudios los finalizan. En España el 79%. La preparación académica de nuestros estudiantes es claramente satisfactoria. En investigación, entre 1997 y 2007, la producción científica española creció un 80%, hasta constituir el 3,4% de la producción científica mundial. Dos terceras partes de ese porcentaje corresponden a la universidad. Esto ha supuesto que España se ha convertido en la novena potencia científica y en la octava en publicaciones por habitante, con resultados similares a Japón. España sólo invierte en I+D+I un 1,39% de su PIB, mientras la OCDE invierte el 2,3%. Con estos datos se demuestra que el español es uno de los cuatro sistemas más eficientes del mundo. Son datos incontestables. Pero el Gobierno va por otro lado: trata de aprovechar la crisis para imponer su proyecto ideológico: una universidad pública sólo para el que la pueda pagar y a la vez, cada vez peor financiada. Las privadas se frotan las manos. Defender lo público se está convirtiendo en un imperativo ético.
