La auditoría a las cuentas de la DGA ha detectado un déficit de 943 millones en este ejercicio, casi la mitad de los cuales corresponden al Departamento de Sanidad. Este dato, como el referente a los 610 millones de desfase que arrastra la corporación de empresas, ya habían sido anticipados por el propio consejero de Hacienda, Mario Garcés. No han supuesto ninguna sorpresa especial, aunque evidencian un serio problema: el desajuste entre gastos e ingresos es notable, va a más y precisa inmediatas y severas medidas destinadas a corregirlo.
Los presupuestos aragoneses ya llevan varios ejercicios sometidos a medidas de ajuste. En determinadas áreas se ha alcanzado el límite. Admitiendo la posibilidad de hacer más con menos, si la sanidad, la educación o los servicios sociales han de mantener un mínimo nivel de calidad, no pueden ser sometidos a más recortes. Es preciso colocarlos en una posición prioritaria y obtener recursos para su mantenimiento.
Se acerca una subida de impuestos. Garcés anunció además la congelación del sueldo de los funcionarios. Al PP le toca ponerse en evidencia y adoptar medidas impopulares.
