La industria del automóvil exhibe con orgullo haber sido uno de los principales motores de la recuperación económica española, iniciada hace dos años. La evolución ha sido tan buena, que el año pasado llevó al presidente de los concesionarios automovilísticos, Jaume Roura, a afirmar con orgullo: "Somos los protagonistas de la recuperación". Efectivamente, una política responsable de concertación social entre patronal y sindicato, que llevó a mejorar la competitividad, y no solo por la reducción salarial, ha permitido al sector parar el golpe que supuso la pérdida de casi 80.000 puestos de trabajo directos e indirectos, que afectó no solo a las grandes fábricas sino a la industria auxiliar española, muy implantada en Aragón.

La salida del túnel ha sido más meritoria si se tiene en cuenta que ninguna de las 17 plantas de producción en España tienen su núcleo de decisión principal en el país, lo que obliga a competir en el mercado global sin ningún apoyo extra. Hoy la industria del automóvil representa más del 10% del PIB español, significa casi el 14% de las exportaciones y el año pasado alcanzó una cifra de producción de vehículos de 2,4 millones de unidades. Si exportar ha sido fundamental en estos años, también han jugado su papel los sucesivos planes PIVE impulsados por el Gobierno para estimular el consumo interior.

Nos acercamos ahora, sin embargo, a un ligero bache porque van a coincidir en varias plantas de distintas marcas ajustes de producción --aunque para la planta de Figueruelas será positivo a la larga-- , cambios de modelos o reorganizaciones internas, que llevarán a algunos centenares de trabajadores a acogerse a nuevos ERTE planteados por las empresas. En cualquier caso, todo indica que se trata de situaciones muy transitorias como apunta Anfac, la patronal del sector, que confía en alcanzar a final de año los 2,6 millones de vehículos, ampliando además las áreas de exportación a EEUU, diversos puntos de África y la zona de Oriente Próximo.

Son tiempos de dura competencia global, donde los costes de producción se miden al milímetro. Pese a ello hay que lamentar que algunas firmas recurran ante la mínima dificultad a aplicar la figura del expediente de regulación para pasar el coste salarial a la Administración antes que asumir esa corta disfunción. Aún son muchos los sectores peor situados que precisarían de una mayor atención de los recursos del Estado.