Es el segundo proceso relativo a los escándalos de Plaza que acaba con la absolución de los responsables de la propia Plataforma Logística y, en esta ocasión, también del empresario Agapito Iglesias. El Supremo ha tumbado el caso pagarés con una sentencia contundente, que rectifica a la Audiencia Provincial de Zaragoza y niega la existencia de lucro ilícito en las obras de urbanización y construcción de una fase del polígono. Simplemente, dice, hubo que realizar más trabajos de los proyectados inicialmente, estos se llevaron a cabo y era preciso pagarlos. Así de simple. Todavía está pendiente la vista correspondiente al más importante de los sumarios relacionados con Plaza, el caso saqueo. Veremos qué ocurre entonces.

El Supremo ha eximido de toda culpa al que fuera viceconsejero del Gobierno de Aragón y presidente de Plaza, Carlos Escó, al gerente de la Plataforma, Ricardo García Becerril, y al propietario de Codesport, la constructora que, según el sumario y la primera sentencia de la Audiencia, habría obtenido un beneficio ilícito que ahora se descarta. El nuevo fallo rechaza el recurso del Gobierno de Aragón que reclamaba incrementar la responsabilidad civil de los acusados hasta los trece millones de euros. En su lugar no habrán de pagar un céntimo.

La argumentación del alto tribunal es tan lineal como concluyente: los pagarés percibidos por Codesport se correspondían con obras realmente efectuadas conforme a los encargos de Plaza, quien a su vez había ampliado el proyecto inicial puesto que tenía un contrato para vender un total de 119 naves a una tercera sociedad, Autocity; esta acabó quebrando y por ello Agapito Iglesias estaba en su derecho al exigir cobrar de Plaza dichas obras complementarias. A partir de ahí todo encaja, pues el fallo da por buena la explicación de los acusados y entiende que no incurrieron en ningún delito. El dinero en juego era de naturaleza pública, sí. Pero su uso fue correcto y se ajustó a derecho.

Esta sentencia deja en evidencia a los denunciantes (fundamentalmente el Gobierno de Aragón presidido por Luisa Fernanda Rudi), así como al instructor y a quienes juzgaron este tema en la Audiencia zaragozana... y refuerza la versión de los hechos (en relación la administración de Plaza) que dieron quienes fueron acusados. También pone de manifiesto que la gestión de las instituciones públicas, bien directamente bien mediante figuras societarias, es compleja y a veces equívoca. Controlarla es difícil, pero imprescindible.