La decisión del Ayuntamiento de Rasquera, una localidad agrícola de menos de mil habitantes de la Ribera del Ebro tarraconense, de acoger una macroplantación de marihuana de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCA) despierta curiosidad y polémica, al tiempo que obliga a la justicia a desenredar una madeja legal y socialmente embrollada. Desde las instancias políticas de la Generalitat se ha recordado oportunamente que el Código Penal no castiga el cultivo para consumo propio, pero ha derivado el caso al terreno judicial, donde se acumula una amplia jurisprudencia --desde las primeras instancias hasta el Supremo-- en torno a la siembra y consumo de las consideradas drogas blandas.
SISTEMA SEGUROon estos precedentes piensa Rasquera abonar su iniciativa, que invoca como una vía para reducir la deuda del municipio (1,3 millones de euros) y el paro entre sus vecinos. Un informe encargado por el ayuntamiento basa la defensa del convenio con la ABCA --y los otros grupos que puedan solicitar también cultivos-- en la seguridad de que el sistema cerrado elegido impedirá el tráfico de la marihuana producida. Y, como desarrollo de la normativa citada por el Gobierno catalán, en Rasquera se plantará, de momento, la suma del consumo individual de los socios de la ABCA. El litigio, pues, está servido.
CONTRASTE
La polémica alcanza también a los habitantes del pueblo, que desde alguna opción exigen una consulta vinculante. El reclamo económico del plan, por el que se han interesado localidades extranjeras, no acaba de encontrar un respaldo unánime entre la población. Una parte apunta al fondo del debate social que el caso abre: el juicio sobre las llamadas drogas blandas y su encaje legal. Está claro que compartir una plantación de marihuana no entra en la normalidad de muchos vecinos, que temen por la imagen del lugar y albergan dudas sobre su legalidad. Otros piensan que la prescripción del consumo de cannabis por algunos médicos para aliviar ciertas dolencias es un primer paso para cambiar mentalidades y leyes. En todo caso, el debate de Rasquera pone de relieve el contraste entre la actividad legal de las asociaciones de consumidores de marihuana y el enorme negocio que significa para quienes alimentan el mercado negro y la delincuencia.
