Los ataques que están sufriendo los servicios públicos en esta legislatura eran previsibles, aunque los populares los ocultaron en campaña electoral. Será difícil encontrar en un gobierno en menos tiempo más incumplimientos de unas promesas electorales. La sanidad pública es un gran negocio para la iniciativa privada y la Comunidad de Madrid ha sido y es el laboratorio de experimentación de las políticas neoliberales de los populares. Los 9 últimos hospitales públicos inaugurados por Esperanza Aguirre han sido construidos desde el sector privado por constructoras, inmobiliarias, empresas de gestión sanitaria, que mantienen su propiedad durante tres décadas, recibiendo un canon anual de la Administración. Hoy casi uno de cada tres hospitales públicos madrileños es de gestión privada, total o parcialmente. Hay dos modelos. En el PFI (private finance initiative) la concesionaria se encarga de todo menos de la parte sanitaria. Sus médicos son funcionarios. Además de gestionar cocinas, lavanderías, laboratorios, alta tecnología, explotan restaurantes, tiendas, parking, etc.
En el modelo PPP (partenariado público-privado), toda la gestión es de las empresas. En los nuevos hospitales hay siete PFI y dos PPP. En el futuro la gestión será enteramente privada, como la del Rey Juan Carlos, en Móstoles, propiedad de la empresa Capio Sanidad, un fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, que ha invertido 232 millones de euros en construirlo y equiparlo, y a la que la Administración le paga 76 millones en 2012. Cuando se inaugure el de Collado Villalba la atención hospitalaria de 800.000 madrileños estará gestionada por Capio, del que los miembros de su Consejo de Administración son todo un misterio, aunque están vinculados con altos dirigentes del PP. Este modelo también ha sido puesto en marcha en la comunidad valenciana, actualmente en Castilla la Mancha, y, según las palabras de Luisa Fernanda Rudi, podría utilizarse en Aragón en el futuro hospital de Alcañiz.
Además el sector privado participa en el mercado sanitario a través de las clínicas exclusivamente privadas que funcionan mediante pólizas de seguros de los clientes en las que el negocio se hace por dos procedimientos. Uno es reducir costes (restringir plantillas, precarizar el trabajo, incentivar económicamente a los profesionales para que ahorren, etc). Al otro, lo llaman "seleccionar riesgos", reservándose los pacientes "rentables" (jóvenes, con patologías sencillas) y quitarse de encima a personas mayores, enfermos crónicos y casos complejos. Es un sector que va a más. Pese a la crisis, cada vez más aragoneses, el 28%, unos 370.000 han suscrito un seguro privado de asistencia sanitaria. Somos la cuarta región con mayor número de seguros por habitante, solo superada por Madrid (36%), Cataluña (33%) y el País Vasco (29%).
En definitiva, en ambos casos es el capitalismo puro y duro, aplicando a la sanidad su ley sagrada: obtención de beneficios por el medio que sea. Todo es lógico. Como el capitalismo es extraordinariamente voraz, ha visto el negocio en los servicios públicos del Estado del bienestar, cada vez más demandados, considerados ya como derechos. Hay capitales abundantes y más en un momento de crisis, con unos mercados cautivos y muy prometedores. Además las políticas de privatización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Al universalizarse estos servicios, aparecen quejas al no poder ser atendidas todas las demandas por los recortes, con listas de espera en el sector sanitario, y así se propicia una disposición creciente hacia la oferta privada. Esta circunstancia me parece gravísima, ya que el pacto social suscrito entre la ciudadanía y el Estado para proporcionar a todos unos servicios básicos, este último lo ha roto unilateralmente al haber transferido mediante subcontratas a agentes paraestatales la prestación de estos servicios, sin consulta ciudadana.
Los populares están alcanzando sus objetivos de una manera milimétrica, al haber ganado en este ámbito como en otros la hegemonía ideológica tal como la define Gramcsi, mientras que la izquierda anda desnortada. La crisis es su gigantesca coartada ideológica para aniquilar derechos laborales y sociales. Hay que reducir el déficit público y si para pagar la deuda hay que cerrar un hospital o un colegio, se cierran. Acaba de decirlo Josep Fontana: no está claro si se trata de cerrar hospitales para ahorrar, o de ahorrar para poder cerrar hospitales.
A los populares no se les puede acusar de incoherentes, ya que nunca han defendido lo público, argumentando que lo privado es más eficiente. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Mas, la investigación científica y la propia OMS corrobora que la sanidad pública es más equitativa (con financiación suficiente finalista), eficiente (impulsando la atención primaria) y de más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera). Otra cosa es cuando se recortan recursos humanos y materiales con el objetivo planificado de dañarla por parte de aquellos dirigentes que deberían defenderla. Y en el colmo de la desfachatez y del cinismo se justifican recurriendo al patriotismo.
Profesor de Instituto
