Los recortes desde el comienzo de la crisis han sido constantes y las repercusiones sobre los servicios y las prestaciones públicas, evidentes. Sin embargo, el número de funcionarios que alimenta la actividad de las administraciones en Aragón ha crecido ligeramente. Una aparente contradicción ante la percepción general de que junto a la reducción de inversiones, las administraciones frenaban cubrir las vacantes que se generaban --por ejemplo-- por jubilaciones. De los tres niveles, los trabajadores dependientes del Gobierno central y de los ayuntamientos han disminuido, mientras han aumentado en las dependencias autonómicas, como recogía ayer EL PERIÓDICO. Comprensible si consideramos que la mayoría de servicios públicos --y sobre todo los más costosos, como Educación y Sanidad-- son competencia autonómica y solo el mantenimiento de los mismos en los niveles actuales exige unas plantillas que suponen el 77% de los efectivos de la DGA. Con el endeudamiento planeando sobre todas las instituciones, la búsqueda del equilibrio entre necesidades laborales para dotar adecuadamente los servicios y la capacidad del gasto en personal se antoja una labor de fino trazado. Y un análisis como este, fundamental para dibujar la eficiencia de las administraciones que gestionan el trabajo público y la repercusión de este sobre la calidad de atención a los ciudadanos, no parece estar en el ánimo de las fuerzas políticas. Debe ser más entretenido recorrer el laberinto que amenaza con la Navidad. Periodista
