La erosión del Estado de Derecho

Iguales ante la ley. Ya he comentado en alguna ocasión la falsedad de esta afirmación en nuestro propio ordenamiento jurídico. A pesar de que nuestra derecha política no haga más que repetir esa expresión, es una falsedad derivada directamente de nuestra Constitución. El carácter monárquico de nuestro Estado, que convierte al Rey en inimputable y en único sujeto política capaz de detentar la Jefatura del Estado, constata esa desigualdad legal ante la ley. Quizá algún día, cuando abandonemos el Medievo y establezcamos una sociedad plenamente democrática y, por tanto, republicana, esta desigualdad desparezca.

Pero no es el caso que me interesa subrayar. El tema catalán ejemplifica ampliamente esa desigualdad ante la ley. Hace unos días recibíamos la noticia de que el asedio violento que en Zaragoza llevó a cabo la extrema derecha, por cierto, incitado por el portavoz popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ante una asamblea de parlamentarios en el pabellón Siglo XXI ha sido sobreseído. A pesar de la agresión que sufrió la presidenta de las Cortes de Aragón, a pesar de los insultos y acoso, no ha habido ni detenidos ni multados. Curiosamente, los únicos que pasaron por instancias judiciales fueron Alberto Garzón y Pablo Echenique por calificar de fascista a una turba violenta que impide una reunión democrática. El mundo al revés, los demócratas ante los jueces, los fascistas violentos fuera de todo control legal. La Delegación del Gobierno argumenta que no le llegó el informe policial, que la policía dice haber remitido. El resultado, que los encargados de mantener el orden público y hacer que la ley se cumpla, lejos de ello, lanzan un mensaje de impunidad a la extrema derecha y, con ello, dan alas a los violentos.

Otro ejemplo de esta desigual y escandalosa aplicación de la ley se puede constatar en el diferente trato recibido por los políticos independentistas catalanes, presuntos delincuentes, y otros, delincuentes condenados, vinculados a la derecha nacionalista española, caso de Urdangarin o Rodrigo Rato. Mientras los primeros son sometidos a prisión preventiva sin que todavía se les haya condenado por delito alguno, los segundos, a pesar de sus condenas, siguen disfrutando de sus vidas privilegiadas, en algunos casos, como el de Urdangarin, fuera de nuestro país, al que regresan de vez en cuando para tomar el vermut con dirigentes del PP.

Qué decir, ya en otro ámbito, de las condenas a músicos, revistas, artistas varios y particulares por delitos tan surrealistas como contar chistes, o de la proliferación de multas de todo tipo por participar en manifestaciones, siempre que esa manifestación, claro está, no esté promovida por la extrema derecha. Han pasado más tiempo entre rejas unos titiriteros por una obra de guiñol con palabras acabadas en eta (ya sabemos de la orientación terrorista de aparatos como la bicicleta o una marioneta), que Rato y Urdangarin juntos. Parece que cualquier letra de rap o tuit crítico incita al odio, mientras que las numerosas y vergonzosas intervenciones de obispos atacando a homosexuales, mujeres y otros colectivos con inusitada virulencia deben ser entendidas como parte del folclore nacional. Nacional, efectivamente.

Vivimos una situación de profundo escándalo. Claro que cuando hay indicios de delito, como puede ser el caso del independentismo catalán, la ley debe actuar. Pero esa capacidad del Estado de Derecho queda enormemente desvirtuada y caricaturizada cuando su aplicación, como es evidente, resulta tan desigual en función de la orientación política de los encausados. El Derecho no es Matemática, un problema jurídico puede ser resuelto de diferentes maneras, según la orientación ideológica de las instancias judiciales. Por eso el empeño del PP en estos años para controlar la justicia, cuyos resultados podemos apreciar en nuestra vida cotidiana. Y ya sabemos que la utilización del Derecho de forma partidaria es una característica de todo sistema totalitario.

*Profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza