Realmente, el asunto de Cataluña resulta fatigoso y cansino, si no fuera porque es una cuestión realmente importante, tanto para Cataluña como para España. Se repiten los hechos, los ritos, los símbolos, las declaraciones, los insultos, las obviedades… ad nauseam. Aunque «la cuestión catalana» se remonta a tiempos lejanos, da la impresión de que en la actualidad la bola de nieve se ha hecho muy grande y parece difícil de parar. También es cierto que los medios de comunicación son reiterativos al máximo y aumentan la percepción de fatiga mental. De cualquier manera, el secesionismo catalán viene de largo y va para largo.
No voy a pasar lista sobre los hechos y declaraciones de los independentistas, de los no-independentistas y de los ambiguos, pues ya se suponen conocidos por todos los interesados. Me dedicaré, como suelo hacer, a pensar en voz alta. Si acaso, sólo una afirmación de Juan José Sorozábal, insigne y ponderado constitucionalista, que aclara rotundamente la cuestión. «La convocatoria del referéndum es ilegal e ilícita. El Ejecutivo catalán está sujeto a las normas, a la Constitución y a la ley. Y si hay dudas, quien resuelve es una instancia jurisdicional, en este caso el Tribunal Constitucional, que ha dicho que el referéndum no pasa el filtro de nuestro ordenamiento, y no respeta la Carta Magna porque implica un ejercicio de soberanía que le corresponde al pueblo español».
A partir de aquí podemos hablar de varias dimensiones de unos y otros: políticas, económicas, culturales, jurídicas, territoriales, emocionales y hasta delictivas. Lo que sí parece claro es que, independientemente de qué y cómo transcurra el 1 de octubre de 2017, el bloqueo catalán seguirá, ya que entre las dos posiciones enfrentadas no hay un terreno intermedio sobre el que pactar. Jurídicamente está todo muy claro: España se ha configurado constitucionalmente como un Estado indivisible. Y nos ha ido bien. A unos mejor que a otros, por ejemplo a los catalanes y vascos. Existen en nuestra Constitución muchos aspectos mejorables y, sobre todo, hay una falta de traducción social, por ausencia de normativa que los desarrolle, de los derechos sociales que la CE proclama para todos los españoles. Y entre los derechos básicos, que sí son exigibles, destaca sobre todos el de la igualdad de todos los españoles, independientemente del lugar donde habiten. Por lo tanto, si tras la reforma de corte federalista (si la hubiese) se reconocen especificidades territoriales, lingüísticas, culturales, históricas… en ningún caso puede derivarse de ellas privilegios políticos, jurídicos o económicos. Y lo mismo vale para todo tipo de nominalismo territorial: regiones o nacionalidades, no así naciones que, aparte de confundir y excitar, es un término técnicamente impropio para las CCAA de un Estado único. Porque en el caso de Cataluña, la exigencia es de un Estado independiente, lo que constituye un desafío a todas luces improcedente y rechazable. Porque lo del “derecho a decidir” es un eufemismo de algo que no existe, el derecho de autodeterminación. Si alguien quiere que exista, habrá que cambiar la Constitución y eso, que es respetable, lleva su tiempo y requiere de diálogo (real, no virtual) y consensos.
Si tras el fracaso independentista, aparecen los ilusos de un mayor autogobierno catalán, habrá que esgrimir el derecho básico de la igualdad de todos los españoles. O sea, que no nos engañemos: o hay independencia de Cataluña o hay un Estado único que se llama España. Es curioso que las dos regiones españolas (vascos y catalanes) que mejor les ha ido en la época democrática (y antes) son las más independentistas. ¿Así quieren compensar el proceso histórico desfavorable para los pueblos que, a su propia costa, han permitido el desarrollo económico preferente de sus regiones? ¿Y cómo se entiende que una gran parte de la izquierda, históricamente internacionalista y solidaria, apoya el independentismo insolidario? Realmente imperdonable.
En el fondo de la cuestión catalana hay varios supuestos, de los que destaco dos. El primero, el narcisismo nacionalista de sentirse diferentes y superiores a los demás. Lo que, aparte de injusto, es falso. En segundo lugar, y aprovechándose del primero, la corrupta burguesía catalana (los del 3%) intenta apoderarse del poder para autoindultarse y seguir robando del patrimonio común. Porque no otra cosa es lo que han hecho el legislativo y el ejecutivo catalanes: dar un golpe de estado para apoderarse del poder. Quien no se sienta partícipe de ninguno de los dos supuestos está haciendo un papel de triste comparsa en detrimento propio.
Coda final. Si los tribunales declaran culpables de algún delito, como parece evidente, a los causantes de este desafuero, los delincuentes deberán cumplir rigurosamente las penas que se les imponga. Porque cumplir las penas, aparte de justo, es una buena pedagogía para no insistir en el delito.
*Profesor de Filosofía
