En la España actual asistimos a la interpretación más restringida de derechos individuales y colectivos que hemos vivido en mucho tiempo. Algunas de estas interpretaciones llegan incluso a vulnerar las garantías y libertades de personas y colectivos. Así lo defienden grupos progresistas de juristas, abogados y fiscales, y así lo entendemos muchos. Retroceder en las garantías de derechos individuales y colectivos no es solo asunto de penalistas y encausados ni afecta solo al ámbito propiamente jurídico, sino que también afecta a otro ámbito que quizá preocupe a políticos más conservadores: el de la seguridad.
Sí, desde hace al menos dos décadas, el concepto de seguridad se ha ampliado y ya no se aplica solo a la seguridad física, instituciones o estados, sino también a otros ámbitos. Así lo recoge el paradigma de la seguridad humana que defienden la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y España. En efecto, España también recoge esa definición amplia de la seguridad --al menos aparentemente sobre el papel-- y reconoce la necesidad de proteger ámbitos como la seguridad política, comunitaria o individual.
Del dicho al trecho hay muchos intereses de por medio y, si bien la seguridad alimentaria implicaría que todos los niños del país tuviesen una dieta básica con garantías, los mecanismos públicos no siempre llegan hasta donde sería necesario.
Tampoco parece ser nuestro fuerte la seguridad económica, puesto que constantemente dependemos de listados de empresas extranjeras sobre primas de riesgo que no entendemos y nos hundimos ante una crisis económica global sin tener asegurados unos mínimos en todos los sectores productivos. Ya ven, proteger ---o asegurar, en lenguaje del ámbito securitivo-- todas las dimensiones de la vida humana que han sido reconocidas como importantes no es tarea sencilla ni de interés de todos.
Ahora bien, si todas estas aris-
tas de la seguridad son importantes, las que afectan a los derechos y garantías individuales, lo son quizá un poco más aún pues el individuo queda en una situación de vulnerabilidad enorme y no siempre visible socialmente.
Retroceder o limitar los derechos y garantías ya adquiridos lapida todo aquello en lo que se ha avanzado como sociedad democrática, aquello que se ha asegurado para que pase al lado de lo intocable, lo que no dependerá del color del Gobierno en la Moncloa.
Juzgar y condenar a raperos, tuits en su mayoría de un mismo color político, expresiones políticas no violentas o incluso obras de arte nos hace peores como sociedad y nos pone en situación vulnerable, menos fuertes, menos seguros. Ya que la seguridad parece mover mundos hoy en día, quizá haríamos bien en entender que no es solo el estar libres de ataques.
*Profesora asociada de la univesidad
