Estamos constatando el ataque brutal contra la enseñanza pública por algunos dirigentes populares en sus respectivas comunidades autónomas. Inició este proceso Esperanza Aguirre con una reducción de 3.500 docentes. Le siguieron: Dolores de Cospedal en Castilla la Mancha, Núñez Feijóo en Galicia y Yolanda Barcina de UPN en Navarra. Habrá un recorte de unos 15.000 profesores interinos. Según los populares no hay recorte social alguno. Justifican estas medidas por la necesidad de corregir el déficit público.
Excusas no les faltan: la herencia recibida de los socialistas, los mandatos de la Unión Europea, la imposibilidad de gastar más de lo que se dispone. La crisis es su coartada, no su argumento. Lo que no dicen son las ganas que le tienen a la enseñanza pública. Y esto es así porque la política educativa de los populares ha sido y es un plagio milimétrico de la puesta en marcha por la Nueva Derecha inglesa de tiempos de Margaret Thatcher, en la que confluyen dos corrientes ideológicas contrapuestas: el neoliberalismo que propugna la libertad de los mercados a toda costa y el neoconservadurismo que ante los problemas actuales apela a la tradición y a los viejos valores. En educación, el neoliberalismo apuesta por la libertad de elección de centro, el cheque escolar y la privatización de la educación, "adelgazando" para ello al Estado; el neoconservadurismo considera, sin embargo, que la educación es demasiado importante para dejarla en manos del mercado, reclamando, por tanto, un Estado fuerte capaz de restaurar los viejos valores de la religión, familia, patria, etc., considerados desde la óptica más tradicional. Según Manuel Puelles en la primera legislatura de Aznar, siendo la titular de Educación Esperanza Aguirre, predominó el neoliberalismo al introducir el mercado en la educación y con una tendencia a la privatización, que al no poderse llevar a cabo completamente se implantó le gestión privada en el ámbito de lo público, aunque también hubo un conato neoconservador con el fracasado Decreto de Humanidades, que pretendía una visión españolista de la historia. En la segunda la del neoconservadurismo, siguiendo el modelo de la ley de educación inglesa de 1988 se aprobó sin consenso la LOCE de 2002, en la que la educación preescolar era asistencial, la primaria era preparación de la ESO, en esta unos itinerarios discriminatorios; la obsesión por el rendimiento escolar, considerado exclusivamente por los conocimientos, y una prueba general al final del bachillerato, recordaban una concepción tradicional de la enseñanza; y la inserción obligatoria de la religión confesional, junto con una versión no confesional desde la primaria hasta el bachillerato. Antonio Viñao calificó la política educativa de estos 8 años como "neoliberalismo a la española", un neoliberalismo con un doble componente confesional-católico y nacional-españolista. Ahora las comunidades autónomas que controlan los populares siguen estas directrices.
En consecuencia se entiende el ataque a la enseñanza pública y a su profesorado, y el apoyo a la privada. Aguirre ha regalado suelo público para la creación de centros concertados para el Opus Dei, divididos en masculinos y femeninos, Legionarios de Cristo e incluso patronales laicas. En los Presupuestos de 2011 de la Comunidad de Madrid lo único que se incrementó en Educación fue el dinero para la educación privada-concertada, lo que supuso un total de 855 millones. A instancias de ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) se elevó el límite de renta familiar para deducir los gastos de la enseñanza obligatoria de 10.000 a 30.000 euros por miembro de la unidad familiar, la cuantía máxima deducible pasó de 500 a 900 euros por hijo, por lo que la Comunidad de Madrid dejará de ingresar 90 millones de euros. Los recortes de profesorado de la pública suponen un ahorro de 80 millones. Como vemos los populares son coherentes con sus principios.
La derecha española, nada laica y sí muy confesional por vocación, ha apoyado siempre a la escuela privada confesional entre otras razones porque también ha recibido y recibe el apoyo ideológico de esta, donde se adoctrinan a los alumnos de acuerdo con una visión tradicional de la religión, familia, patria, etc. Aquellos que hemos impartido clases en centros privados y públicos conocemos cuán diferente es la educación impartida a la hora de transmitir unos determinados valores en un instituto o colegio público que en un centro privado confesionalmente católico. Y es así porque la selección del profesorado público, en unas oposiciones competitivas, es mucho más transparente que en los centros privados, donde es la dirección quien la realiza con criterios arbitrarios: el haber sido antiguo alumno, la amistad de algún miembro del APA. Esta circunstancia mediatiza la libertad del profesorado.
Sorprende la pasividad y el asentimiento de amplios sectores de la sociedad y del PSOE --salvo el ministro Gabilondo-- ante estas políticas tan traumáticas para la enseñanza pública, cuyo desmantelamiento acarrearía graves e irreparables daños para la sociedad española, porque la enseñanza pública al ser más integradora, plural, intercultural, laica, participativa, democrática e igualitaria, es uno de los ejes básicos de vertebración de una sociedad.
Profesor de instituto
