¿Recuerdan la película? En el film, la supervivencia de los ciudadanos cabalgaba sobre un escenario de violencia permanente, donde la ley del más fuerte (en el sentido físico del término) constituía la filosofía de vida de la ciudadanía de ese país. En ese panorama los ancianos, la población de edad se sentía amenazada de forma continua y prácticamente recluida en sus hogares. No estamos tratando de trasponer, tal cual, a nuestra realidad esa sórdida fotografía. Tan solo tratamos de hacer un simulación de imágenes para poner de manifiesto las dificultades a las que habrán de enfrentarse nuestros conciudadanos de mayor edad.

Hasta ahora, y en los últimos cincuenta años, la situación de los pensionistas fue in crescendo, hasta alcanzar una cobertura de casi el 100% de los jubilados. El sistema de pensiones de reparto ha funcionado con la suficiente flexibilidad como para absorber variadas situaciones económicas adversas y someterse a múltiples reformas parciales encaminadas a garantizar su continua sostenibilidad. La última, conviene no olvidarlo, la reforma aprobada en 2011 por el Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Si duda que los cambios demográficos que se vaticinan para las próximas décadas, van a introducir de nuevo reclamos para proceder a nuevas actuaciones sobre el sistema. Pero frente al problema demográfico real, lo que no se observa, y ningún partido lo lleva en su agenda, es un programa de relevo generacional, algo que se plantearon en Suecia hace ya unos años con bastante éxito. Son políticas de largo plazo pero la miopía y el cortoplacismo es algo muy extendido aunque se cura.

Pero refiriéndonos al problema financiero, señalaremos que el sistema público de pensiones tiene un sustento constitucional, definido por tanto como una obligación del Estado, obligado a hacer frente a esta prestación social, en cuantía suficiente para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos llegados a una cierta edad. Así, mientras el estado sea solvente nadie debiera dudar de su obligación para hacer frente al pago de pensiones, del modo que considere oportuno. No hay un debate técnico (de expertos) al respecto, sino político, rayando en lo ideológico, que afecta a la cuantía (suficiencia) de las mismas y, por extensión, al modo de acometer su financiación.

Desde posiciones ideológicas conservadoras, más cercanas a la concepción del Estado como un ente promotor de la caridad cristiana, que a un sujeto comprometido con obligaciones pactadas con los ciudadanos, se trata de enfocar el problema adscribiendo el pago de pensiones a una fuente fiscal finalista, vinculando el devenir de la cuantía de las pensiones a las vicisitudes definidas, políticamente, de esta fuente de recursos públicos. En esa perspectiva se habla de déficit del sistema de pensiones y de su sostenibilidad financiera. Se establece por tanto, a priori, de que la única fuente de financiación posible de las pensiones son las contribuciones de trabajadores y empresarios al sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, la realidad histórica, tanto española como europea, ha superado con creces ese marco tan restrictivo para la financiación de una prestación social básica, como son las pensiones, para la cohesión social y económica de una sociedad desarrollada.

A PARTIR DE aquí se pontifica la urgencia de "equilibrar" el sistema de financiación y se concluye en la "necesidad" de un ajuste financiero intenso para hacer frente a los retos demográficos y económicos que amenazan a la futura sostenibilidad financiera de este sistema cerrado de cotización-prestación.

La propuesta de reforma del sistema de pensiones que estamos conociendo estos días del gobierno Rajoy, con la introducción de un Índice nuevo de revalorización de las pensiones y Factor de Sostenibilidad, se sustenta en este discurso. Y de ahí, a cargar la futura sostenibilidad del sistema contributivo contra la cuantía de las pensiones individuales solo hay un paso. A través de un alambicado instrumento de revalorización de las pensiones, que redundará de inmediato en una caída del valor real de las mismas, contribuye, al mismo tiempo, a su objetivo estrella y único en el terreno de la política económica: reducir el déficit hasta alcanzar los compromisos con la troika en esta materia. Dos pájaros de un tiro, a pesar de que ello profundice en el error que arrastra la política económica de este gobierno de profundizar en el círculo vicioso a que nos lleva el intenso ajuste fiscal.

No ha lugar, por tanto en este esquema a una concepción de la pensión como una prestación social, cuya característica fundamental habría de ser la suficiencia de la misma. Que habría de acudir, si ello fuere necesario a cualesquier recurso financiero del Estado, como de hecho ya ocurre en la práctica (financiación de las prestaciones asistenciales o del complemento a mínimo de las pensiones contributivas) para su garantía.

Es que en este modo de obrar, que paulatinamente arrastrará reducciones en la capacidad de compra de las pensiones públicas, con el miedo y las incertidumbres para la pensión que ello conlleva, agravado sin duda con los recortes en la política sanitaria, abre el espacio, altamente publicitado, a la expansión de formuladas tuteladas por el sistema financiero de ahorro con destino a los años de retiro. Con ello se cierra la cuadratura del círculo, que no supone otra cosa que una privatización parcial del sistema público de pensiones. Objetivo final: pensiones públicas de escasa cuantía y expansión de los fondos privados de pensiones. Curiosamente, los grandes artífices hoy en día (en manos de gestores bancarios o de aseguradoras que obtienen altos rendimientos de ellos, en el particular caso español) de la mayor volatilidad financiera que ha conocido la historia de la humanidad.