Cualquier recorte que afecte a los más necesitados es especialmente doloroso, pero cuando el Gobierno de Aragón acumula retrasos de hasta cuatro meses en las subvenciones comprometidas con las organizaciones de discapacitados aragonesas la crítica se hace más patente. Además, esas ayudas ya se han reducido un 25% por los problemas de liquidez de las arcas públicas. Y van dirigidas a colectivos con serias dificultades para la inserción laboral y cuya nómina no supera el salario mínimo. Si estos colectivos no son prioritarios en la toma de decisiones políticas, podemos imaginar lo que espera al resto.
