En ocasiones, se habla mucho para conseguir no decir nada; en otras, se utilizan unas pocas grandes palabras que suenen bien también para no decir nada. En este segundo caso se encuentran las reformas estructurales. La cantinela de las reformas forma parte de esa propaganda machacona de propuestas vacías que van a solucionar los problemas de nuestra economía. Si hay alguna duda sobre su funcionalidad añádanle que hay que hacerlas con confianza y determinación. Y si ésto tampoco es suficiente, hagan las cosas como Dios manda. No pregunten por los detalles.
De las reformas estructurales parecía que una sí tenía concreción: la reforma laboral. Las empresas tienen buenos productos, la demanda es elevada, los bancos dan crédito suficiente, la economía mundial crece, pero las empresas no contratan por los elevados costes de despido y porque hay trabajadores excesivamente protegidos frente a los contratados temporales que no son tan productivos. Ya ven. Los reformadores estructurales del mercado de trabajo siguen sin fijarse en los aspectos reales de la economía.
Creo que efectivamente hay reformas "estructurales" pendientes. Me fijaré en una, con detalles por supuesto: la reforma de las administraciones territoriales. La descentralización del gasto público entre diversas administraciones pretende acercar los órganos de decisión a quienes los eligen. Administraciones más cercanas posiblemente conozcan mejor las necesidades de sus administrados y éstos conocerán mejor, por sus hechos, a sus administradores. Esto dicen las teorías del federalismo fiscal. También hacen un reparto de las funciones del sector público en la economía: las políticas de estabilidad y crecimiento y las de redistribución de la renta quedan en poder de la administración central para ganar en eficiencia y equidad. Quedan las políticas de asignación de recursos en manos de las diversas administraciones subcentrales, es decir, aquellas políticas encaminadas, principalmente, a prestar servicios o atender cuestiones y problemas cercanos al ciudadano, que no generan externalidades a otras personas de otras comunidades.
Por la parte de los ingresos, la necesidad de un sistema fiscal sencillo y equitativo lleva a que los impuestos principales IRPF, IVA y Sociedades se gestionen por la Administración central y que la mayor parte de los gastos de las administraciones subcentrales se financien con transferencias. Esto plantea un problema grave que es el de la no corresponsabilidad fiscal, es decir, unos gestores en la Administración central cobran y soportan el coste político ante la ciudadanía; otros, desde autonomías y ayuntamientos, gastan y se presentan ante sus votantes como los benefactores de sus mejoras en sus lugares de residencia. Para que se entienda mejor: en algunos de nuestros pueblos, en verano, aparece un camión vendiendo melones de Villaconejos, La Mancha, que anuncia por una megafonía que los lleva "hasta la puerta de su casa". Pues eso: AVEs hasta la puerta de nuestra casa, aeropuertos, universidades, duplicidades, triplicidades, gestapillos, TVs sin audiencia, embajadillas, comarcas..
La ilusión financiera de recibir servicios sin percibir su coste genera demandantes sin límite que son presa fácil de gestores que, o no entienden nada o lo entienden demasiado bien. Resultado: una estructura del gasto en las administraciones local y autonómica bastante alejada de los criterios que dice la teoría en relación a la eficiencia y a la equidad. Centrándome en las dos principales partidas, no tengo claro que la educación y la sanidad, por los efectos redistributivos y de eficiencia que tienen estos gastos en el medio y largo plazo, deban prestarse desde las administraciones autonómicas y no desde la central. No creo que en un futuro tengamos una sociedad española más igualitaria consecuencia de sistemas autonómicos distintos en estas materias. En términos cuantitativos, no olvidemos que tenemos una estructura de gasto más descentralizada que algunos países federales como Austria o Alemania.
Si en su momento la corresponsabilidad fiscal no se aplicó (no era fácil) ahora despertamos con los ajustes en los gastos de ayuntamientos y comunidades autónomas que tienen que reducir ante la caída de los ingresos. Asistimos a una especie de corresponsabilidad fiscal a la inversa. Las administraciones se tienen que plantear dónde recortar. Y aquí aparece la ideología que marca las prioridades. Unos recortan en sanidad mientras mantienen programas identitarios; otros recortan en educación e incrementan la financiación a cuestionables eventos deportivos.
Sería el momento de analizar, establecer criterios y marcar diferencias por la ciudadanía. El problema es que una parte importante de nuestro cuerpo electoral tiene un marcado carácter berlusconiano: se premia a los corruptos e incapaces, si son de los nuestros. Pues bien, aunque la crisis nos agobie y nos atenace, no podemos dejar pasar la oportunidad de reformar aquellas instituciones que no lo hacen bien y que ahora, con la crisis, lo vemos con más crudeza. Creo que una revisión, partida por partida, de los gastos de las administraciones autonómicas y locales, como cuando se elabora el presupuesto base cero, y su análisis desde la óptica del federalismo fiscal aumentaría la racionalidad del sistema y su legitimidad, que no es un tema menor. Economista. Director de la Cátedra Jaime Vera, Univ. de Zaragoza.
