Ricardo Oliván, titular de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, estima que el déficit de su departamento a final de año alcanzará los 500 millones de euros, casi cuatrocientos de ellos provienen de los dos ejercicios anteriores y la mitad está referenciada al gasto farmacéutico hospitalario. Esas son las cuentas y hasta el propio consejero popular no achaca el desfase a una mala gestión de su antecesora. Es decir, son gastos estructurales en los que se puede recortar ligeramente, pero si hay que mantener el servicio los costes son los que son. Por tanto, convendría que los presupuestos de la DGA se adaptaran al gasto real que va a generar ese servicio, lo contrario es derivar la diferencia a deuda. El consejero cree que los recortes no afectarán a su negociado, pero avisa de que habrá que hacer más con menos, sin perder calidad ni hablar de copago. Difícil.
