Personalmente, no considero que el señor Rajoy sea tan estúpido como para creer que el independentismo catalán se iba a desmoronar limitando la imposición del artículo 155 de la Constitución a una simple convocatoria de nuevas elecciones regionales. Sean cuales fueren los motivos de tan torpe decisión, lo único cierto es que hizo lo que hizo y que los resultados de las elecciones celebradas el pasado día 21 de diciembre han demostrado que el independentismo tiene la mayoría absoluta en el Parlamento catalán.
Me resulta imposible saber qué es lo que pretendía Rajoy con esa chapuza de convocatoria de unas elecciones regionales en Cataluña sin que previamente existiera una sentencia judicial firme contra los líderes independentistas que están pendientes de juicio, sin antes desmontar el tinglado de la corporación catalana de radio y televisión, sin antes haber remodelado a fondo la cadena de mando de los mozos de escuadra y sin haber depurado responsabilidades entre el profesorado de los centros públicos catalanes que se dedican a falsear la historia y a adoctrinar a los alumnos en favor del independentismo. Lo único que sé es que los resultados de las elecciones del 21 de diciembre han dejado con el culo al aire al señor Rajoy y que este todavía no se ha dignado dimitir, que es lo que habría hecho un político coherente. Pero lo peor de todo es la enorme frustración que han producido esas elecciones en los catalanes que se sienten españoles, máxime cuando resulta que, por las características de nuestra ley electoral, el partido ganador (Ciudadanos) se ve imposibilitado de formar gobierno.
Hay quien opina que la actual ley electoral española, que permite gobernar incluso al partido menos votado con tal de que a base de cambalaches consiga el apoyo de otros partidos, tenía sentido cuando la hegemonía política española era bipartidista. Yo creo que ni siquiera en esa coyuntura política dicha ley ha sido beneficiosa para el conjunto de España, ya que siempre eran los partidos nacionalistas catalanes y vascos quienes salían reforzados al ser absolutamente necesarios para la constitución del gobierno. Como es bien sabido, tanto el PNV como el supercorrupto partido convergente catalán rentabilizaron su apoyo al PP y al PSOE para obtener competencias que solo han servido para que haya más desigualdad entre unas y otras regiones y para fomentar la insolidaridad interregional, por no decir para valerse de la educación y de los medios de comunicación con el propósito de sembrar el odio antiespañol en los niños, en los jóvenes y en grandes masas de personas adultas que se vieron obligadas a salir de sus regiones de origen por la falta de trabajo y para librarse de los bochornosos abusos a que eran sometidas por los grandes caciques y terratenientes.
A la vista de lo que ha ocurrido en Cataluña, entiendo que hay razones más que suficientes para modificar urgentemente la actual ley electoral. Siempre he considerado un fraude social que se tolere que los líderes de unos pocos partidos políticos puedan modificar el sentido del voto mayoritario, repartiéndose cargos y prebendas sentados en torno a una mesa. Eso ya ha ocurrido muchas veces en nuestro país y es lo que va a suceder dentro de unos días en Cataluña. Soy consciente de que hay muchos politólogos que opinan que la esencia de una democracia es la configuración de mayorías parlamentarias basadas en los pactos entre partidos. Lo que callan esos politólogos es que los pactos se producen en función de las prebendas que cada cual obtiene. Esos pactos políticos, basados en el botín que cada partido recibe, aparte de ser poco éticos, a lo único que conducen es a que las personas se sientan engañadas y a que, en consecuencia, dejen de votar y se refugien en la abstención. Es evidente que la abstención no ha sido la tónica fundamental de las recientes elecciones catalanas, pero ya veremos qué ocurre en las próximas, después de haber comprobado los votantes de Ciudadanos que su voto ha servido para nada o para bien poco.
Por todo ello, me parece necesaria una modificación de la actual ley electoral que obligue a que cuando después de una contienda electoral ningún partido político obtiene la mayoría absoluta sea necesaria una segunda vuelta en la que solo puedan competir los dos partidos más votados. Tal y como muchos expertos han demostrado, el modelo electoral de segunda vuelta también tiene inconvenientes y desventajas. Sin embargo, tiene una característica muy positiva: que es el pueblo quien decide en la segunda vuelta el partido que gobernará.
*Catedrático jubilado.
Universidad de Zaragoza
