Los presupuestos generales y los decretos de medidas urgentes para la reducción del déficit público que se están aprobando en las distintas Comunidades Autónomas, están profundizando gravemente en los recortes a la educación pública, tal como hace tiempo viene denunciando FETE-UGT.

Casi todas han olvidado lo que desde tantos ámbitos territoriales e ideológicos tantas veces han repetido por boca de sus representantes políticos: que hay de preservar a la educación como principio básico de cohesión social y factor de desarrollo, además de como un elemento imprescindible para salir de la crisis.

La mayoría de Comunidades Autónomas han aprobado para el 2012 unos presupuestos que insisten en recortes que deterioran en mayor o menor medida la calidad de su sistema educativo.

Sólo los desinformados o los malintencionados, pueden seguir estos días de masivas movilizaciones, sorprendiéndose de la airada reacción de profesorado, estudiantes e incluso familias, o tildándola de desproporcionada o de manipulada.

Los datos objetivos y transparentes publicados en los boletines oficiales y al alcance de todo el que los quiera sumar, son que lo presupuestado para educación, en el conjunto de comunidades autónomas, ha descendido en tan sólo dos ejercicios (2011 y 2012) en 2.479,94 millones de euros.

FETE-UGT, hace balance de otros recortes menos evidentes y denuncia que los incrementos de horas lectivas (fundamentalmente al profesorado de secundaria), la merma del cupo de sustituciones y el recorte de programas (fundamentalmente de atención a la diversidad), ya hechos en el curso pasado, iniciados en este, o anunciados para el próximo se llevan por delante entorno a 25.000 puestos de trabajo. Significa interinos que dejan de ser contratados y alumnado que deja de ser atendido en la medida de sus necesidades.

En el 2011, se jubilaron casi 14.000 funcionarios docentes en el conjunto de España. ¿Cuántos de estos puestos se van a amortizar? La tasa de reposición, 10%, aún más exigua y la oferta de empleo público, congelada en la práctica totalidad de las comunidades. En muchas, segundo año sin oposiciones.

Esto se traduce en inestabilidad de equipos docentes que den continuidad a los programas y terreno propicio a nuevos recortes masivos de cupos de profesorado.

También hay una disminución generalizada en la inversión en infraestructuras que conlleva problemas de escolarización, masificación e incremento de ratios. Y un nuevo descenso generalizado de las partidas para mobiliario, equipos y gastos de funcionamiento, que unido a la morosidad en los pagos, está afectando gravemente al funcionamiento de los centros. El paradigma, la Comunidad Valenciana, donde son ya más de 50.000 los alumnos que acuden a clase sin calefacción y donde 58 centros ya han hecho públicos sus problemas para pagar la luz y el gasóleo.

En el terreno de las ayudas familiares, los recortes se hacen patentes en la reducción de las partidas de becas de comedor, de transporte o de libros y material escolar y programas de apertura de centros.

Y en cuanto a las condiciones de trabajo del profesorado, por vía de decreto y orden cotidianos, se nos está imponiendo una propia y particular "reforma laboral" que se va llevando por delante un día sí y otro también, hoy aquí y mañana allí derechos y mejoras conquistados tras largos años de lucha y de negociación colectiva: recortes en salario y complementos: específico, autonómico, sexenios, maestros en ESO, ayudas sociales, aportaciones plan de pensiones, sabáticos, reducción lectiva para mayores, descuento por bajas por enfermedad, pérdida de compensación económica por itinerancias, desmantelamiento de red, actividades y ayudas a la formación, impago de vacaciones, etc, etc.

FETE-UGT está emprendiendo ya todas las acciones legales pertinentes para que se repongan de inmediato las condiciones laborales que han sido eliminadas y que son fruto de acuerdos firmados entre Administraciones y sindicatos.

Rechazamos estas políticas globales de ajuste suicida que se traducen, entre otras agresiones sociales, en estos recortes en educación, y hacemos un llamamiento a la responsabilidad de partidos políticos e instituciones, para que lleguen a un acuerdo de financiación y de sostenimiento de los servicios públicos esenciales.

Convocamos movilización permanente en todas sus formas, a todos los trabajadores de la enseñanza, a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, en defensa del servicio público educativo. Esta situación es de emergencia.