Ante la actual situación política en Cataluña resulta recurrente la imagen de que estamos asistiendo a un "choque de trenes", algo que siempre es preludio de una catástrofe. A ello nos ha llevado tanto los delirios secesionistas como el inmovilismo de la derecha gobernante, incapaz de plantear propuestas políticas que contrarrestasen la creciente desafección de buena parte de la sociedad catalana y su deseo de emprender el camino hacia la independencia.
Muchas han sido las etapas que nos han llevado a la actual situación y muchas han sido, también, las ocasiones perdidas para reconducir el desencuentro político entre Cataluña y el resto de España. Así, tras la aprobación de la Constitución de 1978, bien pronto quedó patente que el nuevo Estado Autonómico, pese a sus innegables ventajas, se quedaba corto para Cataluña y Euskadi, siendo constantes las demandas de ambos territorios reclamando mayores cotas de autogobierno y, también, el reconocimiento de su "realidad nacional". En el caso de Cataluña, se produjo una quiebra política y emocional tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2006 que, planteada tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, podó buena parte del contenido del reformado Estatut de Cataluña. Desde este desgarro, ya nada fue igual y el "soufflé" independentista y la desafección hacia España empezó a subir cada vez más en el horno de la política catalana. Un nuevo paso en este proceso tuvo lugar tras el rotundo rechazo del Gobierno de Rajoy a la propuesta de Artur Mas de negociar un pacto fiscal para Cataluña en 2012. A partir de entonces, los acontecimientos y la deriva secesionista se aceleraron.
Así las cosas, dos cuestiones parecen claras a la hora de hallar una salida razonable ante semejante marasmo político. La primera, sin ninguna duda, pasa por el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro mediante un referéndum siguiendo los ejemplos de Quebec y Escocia. La segunda, que si de dicha consulta legal saliese la decisión mayoritaria de que Cataluña permaneciese unida a España, esta debería de articularse con arreglo a un modelo territorial plenamente federal.
No obstante, el federalismo, como alternativa ante las actitudes de la derecha españolista y del secesionismo catalán, tiene que hacer frente el enquistamiento numantino en que se hallan sumidas las dos posturas confrontadas. Y sin embargo, es el único camino que parece viable. Para resolver la cuestión catalana, poco se puede esperar de la derecha, incapaz de reconocer la realidad plurinacional de España, pero tampoco el PSOE está exento de responsabilidad. Tal es así que la defensa del federalismo tuvo escaso eco en su práctica política, tanto durante los años del gobierno de Felipe González (1982-1996), como durante los de Zapatero (2004-2011). De este modo, sólo la minoritaria corriente Izquierda Socialista (IS) y José Antonio Pérez Tapias, uno de sus más brillantes militantes, enarbolaron la bandera de la España federal. Lo mismo podemos decir del PSC, que siempre manifestó sus profundas convicciones federalistas.
Ya en 1987, hace 28 años, el PSC planteó todo un proyecto territorial federal que fue desoído por un PSOE entonces en el poder liderado por el tándem Felipe González y Alfonso Guerra, nada proclives a estas ideas anclados como estaban en los viejos tópicos del jacobinismo centralista imperante en aquellos años de fulgurante hegemonía del felipismo.
Las propuestas planteadas por el PSC hace casi tres décadas quedaron recogidas en un libro colectivo titulado Federalismo y Estado de las Autonomías (Barcelona, 1988) en el que expusieron sus puntos de vista políticos socialistas como Raimon Obiols, Pascual Maragall, Jordi Solé Turá, así como intelectuales militantes o afines al PSC, entre ellos, economistas (Lluís Armet o Antoni Castells), historiadores como Isidre Molas, Jaume Sobrequés o Josep Termes (del PSUC), así como juristas y especialistas en Derecho Constitucional como José Antonio González Casanova. Anselmo Carretero, Xavier Arbós, Joan Marcel o Eliseo Aja. Todos ellos aún valorando el avance histórico y político que suponía el Estado de las Autonomías, reconocían que este, ya a la altura de 1987, como señalaba Lluís Armet, "no ha dado una respuesta satisfactoria para la superación de los problemas de las nacionalidades históricas" y, consecuentemente, el federalismo era el modelo idóneo para lograr el "objetivo histórico" de incorporar a Cataluña y Euskadi a un proyecto colectivo puesto que, habiéndose descentralizado la gestión y el gasto público, este proceso no había sido acompañado de una descentralización del poder político y por ello, el PSC demandaba el inicio de un segundo proceso autonómico, más político y menos administrativo
Hoy, tras demasiados años perdidos, nos hallamos ante una situación de máxima tensión política y cuyo desenlace es un enigma plagado de riesgos e incertidumbres. Por ello, volviendo a los símiles ferroviarios, tal vez aún no sea tarde para coger el tren del federalismo, pues es la última oportunidad para llegar a una estación que ponga fin de forma pactada y razonable a este conflicto político y territorial. Tal vez.
Fundación Bernardo Aladrén - UGT Aragón
