¿Quién es el legítimo propietario de los derechos televisivos del Real Zaragoza SAD para esta campaña? No termina de estar claro, a tenor de una reciente resolución de la magistrada del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona y de otra emitida por su antecesor.
Para este "no cabe duda" de que el cambio de operador que el año pasado decidió el Real Zaragoza SAD, que esta campaña ha pasado de Mediapro a Canal+, "puede ser determinante de un incumplimiento contractual". La actual titular del juzgado, por su parte, ha descartado una petición de medidas cautelares instada por DTS Distribuidora de Televisión Digital --la antigua Prisa TV-- al considerar que su actual condición de explotador de los derechos televisivos del Real Zaragoza y de otros seis equipos de Primera no tiene frente a Mediapro --que sostiene que esta campaña deberían ser suyos-- lo que en derecho se conoce como fumus bonis iuris: literalmente, humo de buen derecho; jurídicamente, apariencia o aspecto exterior de derecho adquirido.
Una cuestión litigosa
DTS, en manos ahora de Mediaset, el grupo del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, pidió a la jueza el pasado verano que prohibiera cautelarmente a la empresa catalana, y sin siquiera darle audiencia en el pleito, "cualquier acto de disposición o que implique la disposición por Mediapro, por sí o a través de terceros, de los derechos audiovisuales" de Zaragoza, Atlético de Madrid, Osasuna, Getafe, Celta, Espanyol y Real Sociedad de San Sebastián.
La magistrada lo rechazó. Entre otras cosas, porque la titularidad de los derechos televisivos de esos equipos sigue siendo "una cuestión litigosa". Es decir: un asunto pendiente de resolver en los tribunales.
La explotación de esos derechos es una de las piezas clave del concurso de acreedores del Real Zaragoza SAD. Prisa, cuando era propiedad de la familia Polanco, acordó con la compañía blanquilla que le pagaría entre 24 y 26 millones de euros por campaña. Mediapro, por su parte, tenía tasada la temporada en 18. Y sostiene que sigue teniendo los derechos para esta campaña y para la siguiente. Si los tribunales le dieran la razón, la empresa de Iglesias vería mermados sus ingresos en 13 millones en dos años.
