Cinco comunidades autónomas, las cinco que no gobierna el PP, se levantaron ayer al unísono para pedir la retirada inmediata del proyecto de reforma de ley del aborto que prepara el Gobierno, con el sello particular del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Sucedió en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que se reunió en Madrid, en la que una línea dividió a las comunidades autónomas discrepantes del resto. Los representantes de Cataluña, Andalucía, Euskadi, Canarias y Asturias, que fueron los que levantaron la voz contra la iniciativa de Gallardón, no tuvieron fácil la protesta. Se vieron derrotados por el resto de comunidades, controladas por el PP, y por el Ministerio de Sanidad e Igualdad, anfitrión del encuentro.

En consecuencia, los representantes autonómicos se adaptaron a las circunstancias y dedicaron el turno de ruegos y preguntas a la cuestión del aborto, como anticipó la representante catalana, Montse Gatell, antes de la reunión. La queja porque ni siquiera se pudiera hablar del tema fue común en los afectados.

FALTA DE CONSENSO Andalucía lamentó que un anteproyecto de ley que se refiere precisamente a derechos de la mujer no fuera admitido en el orden del día ya que en su opinión tenía la suficiente importancia para ser abordado de forma más extensa. "La respuesta ha sido que no se incluyó por falta de consenso", dijo la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) Silvia Oñate. "Como los ruegos y preguntas formaban parte del orden del día, por tanto la reforma de la ley del aborto ya se estaba tratando en la reunión", se quejó Oñate. Para la andaluza esta actuación del Ejecutivo demuestra "un claro déficit de voluntad de diálogo". También criticó la "falta de concreción" de Gallardón con un asunto "tan trascendente y fundamental para la vida de las mujeres" y afirmó que el proyecto "retrae a legislaturas pasadas" y nos sitúa en la cola de Europa, además de "atentar contra los derechos y libertades de las mujeres y por extensión de la ciudadanía". Oñate subrayó que el texto propuesto por el PP "responde únicamente a la demanda ideológica de sectores minoritarios ultraconservadores y no a ninguna demanda social".

"A las comunidades se les hurta la posibilidad de debatir sobre esta cuestión", denunció el consejero asturiano de la Presidencia, Guillermo Martínez, que criticó que se requiera mayoría para abordar una cuestión determinada. "Hay una voluntad clara de que no haya debate", agregó sobre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. "Es absurdo que en una conferencia sectorial de igualdad no se pueda hablar de algo que afecta de manera tan directa y profunda, y de forma regresiva a los derechos de todas las mujeres".

El consejero asturiano manifestó asimismo que en su opinión sería "absurdo" que este viernes o el próximo la reforma llegue al Consejo de Ministros sin que las comunidades autónomas "no tuvieran información al respecto". La representante de Euskadi, Izaskun Landaia, directora del Instituto Vasco de la Mujer, tildó de "retroceso" la norma y el de Canarias, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández, consideró que era "incomprensible" que no se hubiera hablado del tema en la conferencia.

POBREZA INFANTIL Y ABORTO La de ayer es la segunda reunión en unos pocos días de responsables autonómicos con el Gobierno central que acaba en protesta de las comunidades que no gobierna el Partido Popular. En la de Servicios Sociales, la semana pasada, Cataluña y Andalucía, entre otros, rechazaron por desigual el reparto de fondos para pobreza infantil.