A los pederastas australianos se les ha acabado el turismo. Canberra ultima la medida más radical y audaz contra el abuso infantil para evitar los crímenes sexuales de sus nacionales en el Sudeste Asiático. No hay precedentes de una iniciativa que empezará a tramitarse pronto en el Parlamento y que podría devolver ese debate ético sobre la frontera entre la protección de los menores y los derechos de quienes ya han pagado su deuda social. Las tibias voces discordantes desde que la medida fuera anunciada la semana pasada anticipan su aprobación. Australia ya aprobó una ley que castiga con penas de hasta 25 años de cárcel a los que cometen delitos de abuso sexual en el extranjero.
La ley forzará la entrega inmediata del pasaporte de los cerca de 20.000 condenados que permanecen bajo supervisión. Casi 800 de ellos viajaron al extranjero el pasado año y un tercio ignoró la solicitud del permiso, según datos oficiales.
Canberra calcula que cada año se sumarán 2.500 nuevos nombres a la lista. El castigo será perpetuo para 3.200 pederastas con delitos especialmente serios. El resto podrá solicitar la revocación tras un periodo de prueba de varios años en los que deberán estar localizables. También se contemplan excepciones para los condenados que necesiten viajar por negocios o asuntos familiares o que deban regresar a Australia tras la expiración de sus visados. La mitad de los pederastas australianos que salieron al extranjero en el 2016 optaron por el Sudeste Asiático.
La medida es un triunfo personal de Deryn Hinch, senador independiente y víctima de abusos durante su niñez. Hinch, quien ha participado en la redacción de la ley, ha sido encarcelado en un par de ocasiones por identificar a los pederastas desde la radio a pesar de que la justicia se lo había prohibido.
