Esquerra entregará esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para abrir el debate de la legalización de la marihuana dentro de España. Será la primera vez que se discuta en el pleno esta posibilidad. En el 2014 Izquierda Unida presentó una propuesta que tumbó una comisión mixta para el estudio de las drogas. El año pasado, otra iniciativa de ERC se desvaneció al extinguirse la legislatura. Fuentes del partido independentista subrayan que esta vez se llegará a la votación.
La argumentación de esta propuesta sostiene que la «normalización social» ya es un hecho y resulta necesaria también la «normalización legal». En el documento se plantea realizar una regulación «integral» del cultivo, la tenencia en la vía pública y el consumo de cannabis en España y una regulación «específica» de su comercio respetando las competencias autonómicas sobre «salud pública». El texto también pide que se dejen sin efecto las instrucciones del Ministerio Fiscal de acentuar la presión policial sobre las asociaciones cannábicas.
La propuesta viene a rebufo de una corriente internacional favorable a la legalización -con matices variopintos-. La marihuana para uso medicinal es legal en Polonia, Macedonia, Croacia e Italia. En la República Checa se ha despenalizado el cultivo y la posesión hasta los 10 gramos. En Bélgica y Austria este límite se sitúa entre los tres y cinco gramos. Alemania, por ejemplo, acaba de acordar su uso terapéutico para enfermos. Y en varios estados de EEUU es legal su uso recreativo.
EL PROHIBICIONISMO
David Pere, experto en drogas de la UAB, explica que «las evidencias» de que el prohibicionismo ha «fracasado» son «flagrantes». Aumenta el riesgo de adquirir substancias adulteradas, facilita la proliferación de grupos criminales, desperdicia los impuestos y los puestos de trabajo derivados de una actividad económica -ahora sumergida- y dificulta la tarea de prevención, enumera.
Sobre este último punto, el doctor Pere explica que un contexto represivo provoca que las personas que consumen se sientan «criminalizadas» y, por extensión, tengan más reparos en pedir ayuda, especialmente cuando son menores. El debate que se avecina debería «superar juicios morales» para abordarse desde una perspectiva «de consumo responsable» y no dicotómicamente entre la «abstención o la adicción».
Francisco Pascual, presidente de Socidrogalcohol, avisa en sentido contrario de que una legalización acarrearía el riesgo de que aumentara «el consumo». Previsiblemente, «tarde o temprano» se terminará «legalizando» de un modo u otro, concede. Pero antes de planteáselo resulta imprescindible invertir en «educación», avisa Pascual.
Es imprescindible más conciencia social sobre el daño que provoca el cannabis. Legalizarlo sin más implicaría hacerlo «más accesible» a los menores, que también son los que más «patologías psiquiátricas» acaban sufriendo, opina el presidente de esta sociedad científica.
