El caso Romanones de supuestos abusos sexuales a menores en una parroquia de Granada se desinfló ayer en la última sesión del juicio, al retirar la fiscalía todos los cargos contra el padre Román Martínez por falta de pruebas. Aparte de las contradicciones de la víctima, el ministerio público insistió en que en raras ocasiones se produce tanta «incertidumbre» con las pruebas, y llegó a especular acerca de que todo fuera una conspiración del Opus Dei, orden del denunciante.
La intervención del fiscal, que cambió su petición de 9 años de cárcel por la absolución, fue una bomba, dado que hasta ahora había dado por válida la declaración de Daniel, nombre ficticio de la víctima. Pero tras nueve sesiones oyendo a testigos que nunca presenciaron o sufrieron los abusos, y a los peritos contradecirse sobre el relato, no quedó más remedio que tirar la toalla.
«No puedo decirles lo que ha pasado, la relación entre Román y el denunciante, si hubo abusos o penetraciones», manifestó el fiscal, que resaltó: «Solo sabemos que hay 12 declaraciones distintas de las que no podemos concretar nada». Y tras lamentar que «no hay manera de acceder a la verdad sin hacer daño», concedió que, a lo sumo, pudo haber un «clima sexual» en el entorno de los sacerdotes del que tampoco hay pruebas, «de si fue o no consentido ni si existió con Daniel».
En este sentido, el fiscal apuntó que el motivo por el que se llegó a juicio fue la firmeza con la que el denunciante habló de violaciones, dado que los abusos sexuales, como ya ocurrió con el resto de encausados inicialmente, habrían prescrito.
