El juez de Granada que investiga los abusos sexuales a menores cometidos por una docena de religiosos pertenecientes al denominado clan de los Romanones considera probados los delitos contra la identidad sexual, y ha pedido a las partes que se pronuncien acerca de la tipificación de los hechos descritos por las víctimas y, sobre todo, determinen cuales habrían prescrito y concretar sobre qué hechos se podría llegar a abrir procedimiento.
La investigación policial llevada a cabo el pasado mes de noviembre ya advirtió de la dificultad de sustentar los delitos por el tiempo transcurrido, ya que los supuestos abusos se cometieron a comienzos de los años 2000. El juez de instrucción 4 de Granada reconoce ahora este problema en el auto de levantamiento del secreto de sumario, y da un plazo de 10 días a las partes para que puedan tipificar los delitos y presentar alegaciones al entender que por el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos hasta que se formuló la denuncia algunas de estas infracciones penales habrían prescrito.
En el auto, de nueve folios, el juez detalla los abusos sexuales sufridos por al menos cuatro víctimas, con penetraciones incluidas en algunos de los casos, las coacciones y amenazas. Un calvario que padecieron cuando tenían entre 14 y 15 años y que les ha llevado a necesitar tratamiento psicológico. Los autores, entre los que habrá que distinguir grado de autoría, participación necesaria, cooperación o encubrimiento, son diez religiosos y dos laicos.
Todos ellos vinculados al sacerdote Román Martínez, y con un elevado nivel económico y un "gran patrimonio común", destacando que los supuestos delitos se cometieron en las diversas propiedades que poseían.
Inicialmente, el juez considera que se tratarían de agresiones sexuales, abusos sexuales y exhibicionismo, con las agravantes de prevalimiento y otras más genéricas que las partes deberán concretar.
