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CONFLICTO EN EL TRANSPORTE URBANO

Madrid concentra casi 5.000 licencias de VTC frente a 15.517 taxis

El ratio real entre los dos sectores es un permiso VTC por cada tres taxis

 

Los taxis colapsan la Gran Vía de Barcelona y la Castellana de Madrid. - DAVID CASTRO

EL PERIÓDICO / AGENCIAS
10/08/2018

La Comunidad de Madrid concentra casi 5.000 licencias (en concreto 4.955) de vehículos VTC hasta el mes de agosto frente a las frente a 15.517 autorizaciones de taxis, lo que le sitúa como la región con mayor desequilibrio respecto a la proporción que marca la normativa (una licencia VTC por cada 30 de taxi).

Así se desprende de los datos recopilados por el Ministerio de Fomento y que revelan que el número de coches de empresa como Uber se multiplicaba por más de nueve sobre el máximo que debería tener por ley (517 autorizaciones). Con estas cifras, el ratio real entre dos sectores es una licencia VTC por cada tres taxis.

A nivel nacional, el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) sumaba 10.731 licencias al inicio de este mes de agosto, con lo que multiplicaba por cinco el número máximo de licencias que debería tener en relación con el taxi en función del ratio de proporción que la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre fija para estos dos sectores, según se desprende de la estadística del Ministerio de Fomento.

 
El número máximo de VTC debería ser de 2.181 según esta cota legal, que fija un vehículo de empresas como Uber y Cabify por cada treinta taxis, toda vez que éstos suman 65.456 coches.

Así, estos datos de Fomento, actualizados el pasado 1 de agosto, arrojan una proporción media real de un VTC por cada seis taxis, frente al uno por treinta que dice la Ley.

El aumento de la desproporción entre los dos sectores respecto a la cuota legal, ratificada recientemente por el Tribunal Supremo, coincide con el repunte que el conflicto abierto entre los dos sectores registró a comienzos de mes, que supuso un paro de varios días de los taxistas de las principales ciudades españolas.

El conflicto se atajó después de que Fomento, tras reunirse con los dos sectores y las comunidades autónomas, anunciara una serie de iniciativas para recuperar la proporción entre los dos modos de transporte urbano y, por ende, la convivencia pacífica entre ambos. 

Así, el Departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos anunció que en septiembre emprenderá cambios en la Ley para permitir a las comunidades que lo deseen gestionar el sector de VTC en sus territorios.

Asimismo, se comprometió a diseñar medidas que permitan reequilibrar el número de licencias entre ambos y anunció la puesta en marcha en diciembre de una iniciativa aprobada a finales de 2017 por el anterior Gobierno, la articulación de un registro público en el que los VTC deberán rendir cuenta de sus servicios para garantizar así que cumplen la ley.

Madrid: un VTC por cada tres taxis
Madrid se sitúa a la cabeza del número de licencias VTC y una proporción importante de ellas se conceden tras sentencias judiciales. Así, en lo que va de mes se han concedido 150, según fuentes de Transportes.

Después se sitúa Catalunya, donde el número de VTC suma 1.938, cuatro veces más que la cuota legal, dado que existen 12.303 taxis.

En el caso concreto de Barcelona, hay cinco veces más VTC respecto al máximo legal, dado que contabiliza 1.813 vehículos de este tipo por 10.772 taxis, lo que supone un VTC por cada seis taxis.

Andalucía es la tercera región con mayor número de autorizaciones de coches como Uber, con 1.710, que además son cinco veces más a las que debería contar, dado que suma 8.953 taxis.

La proporción legal de una VTC por cada treinta del taxi se incumple ampliamente en todas las comunidades, salvo en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde los dos sectores están prácticamente equiparados, y en País Vasco, Canarias y Valencia, que presentan leves desequilibrios.

Esta desproporción deriva del hecho de que, mientras apenas se dan nuevas licencias de taxi, las de VTC siguen creciendo. Este aumento es fundamentalmente fruto de sentencias judiciales derivadas del vacío legal registrado desde que en 2009 el anterior Gobierno socialista liberalizó el sector; el año 2013, cuando el siguiente Ejecutivo, del PP, decidió volver a regularlo, y 2015, ejercicio en el que efectivamente se reguló con la articulación del uno por treinta.