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18:29 h. El Ministro de Justicia afirma que "en ningún caso" se impondrá la custodia compartida a los cónyuges

Los procesos de separación en curso podrán acogerse a la reforma de la nueva ley del divorcio

AGENCIAS AGENCIAS 17/09/2004

Madrid. -- El Consejo de Ministros ha acordado iniciar el trámite para poner en marcha el anteproyecto de reforma de varios artículos del Código Civil referidos a los procedimientos de disolución del matrimonio, y que incluye una disposición transitoria por la cual serán sometidos a esta reforma todos los procesos de separación y divorcio en curso, decenas de miles, según ha explicado en la rueda tras el Consejo de Ministros el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. La reforma entrará en vigor en el 2005.

El Gobierno, que abrirá ahora un periodo consultivo antes de remitirlo al Congreso, pretende cumplir tres objetivos: simplificación de trámites, eliminación de las causas que ahora es necesario alegar, invocar y probar ante la autoridad judicial para obtener la separación o el divorcio, y garantizar los derechos de la parte que pueda resultar perjudicada por la terminación de la relación conyugal, si la hubiere, y siempre y en todo caso los derechos de los menores afectados.

En relación a este último punto, sobre la preocupación expresada por colectivos de mujeres en relación a la custodia compartida, López Aguilar ha dejado claro que "en ningún caso se va a imponer la custodia compartida a los cónyuges que no la deseen o contra uno de los cónyuges que la objete de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, y desde luego en ningún caso contra los menores".

El ministro ha subrayado que se establece la posibilidad de que pueda ser acordada este tipo de custodia, para lo que se ofrece razonablemente esa posibilidad que ahora no existe. "Es una posibilidad disponible para las partes, y sobre la que el juez dispondrá siempre en beneficio de los hijos", ha aclarado López Aguilar.

Con la simplificación de trámites y la eliminación del trámite preceptivo de separación se pretende reducir el coste económico, procesal y de saturación de la justicia, pero también el coste moral para los afectados. Se mejora la protección de la parte perjudicada estableciendo circunstancias para dar lugar a compensaciones o pensiones para garantizar el bienestar del afectado en función de la edad, estado de salud, cualificación profesional, posibilidades de integración en mercado laboral, dedicación a la familia y duración del matrimonio.

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