Virginio no tenía ni idea. Viene de tirar la basura, a pocos metros de su casa, en Aguilar de Segarra (Barcelona), un pueblo de 246 habitantes. "¡No me digas! ¿252 coches por habitante? Yo con uno me apaño. Lo tengo ahí, un Peugeot 405, y espero que me aguante unos años más". Muchas compañías de alquiler de vehículos o de renting inscriben sus flotas en pequeños municipios de toda España. Así, gracias a esta argucia legal --les basta con abrir una sede fantasma--, pueden pagar hasta ocho veces menos que en las capitales de provincia y polos turísticos por los que circulan sus autos.

Todo parte de la eliminación del distintivo provincial en las matrículas, esa letra o ese par de letras que identificaban el origen del coche. A partir de septiembre del 2000, cuando el Gobierno unificó el emblema para toda España, las empresas, conocedoras de que los ayuntamientos tienen competencia en materia de impuesto de circulación, empezaron a mercadear.

En una capital de provincia como Barcelona, un coche de entre ocho y 12 caballos fiscales paga 64,06 euros. En los denominados paraísos fiscales de la automoción, la cifra se reduce a 8,52 euros gracias a las bonificaciones que aprueban los pueblos de hasta el 75% del coste del impuesto mínimo que sí marca el Estado. En el caso de un vehículo medio, en Aguilar de Segarra se pagan poco más de 17 euros.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), entidad que destapó el asunto, sostiene que los pequeños pueblos "ofrecen de todo a las compañías, desde un local gratis hasta cobrar el impuesto el 31 de diciembre o cuando les vaya bien". El consistorio que consiga hacerse con un gran contrato no solamente tiene asegurada la entrada de dinero, sino que los vehículos matriculados no generarán desgaste alguno en el municipio, que no requerirá más policía local ni semáforos, ni aparcamientos. Bastan cuatro números para comprobar el alcance de la cosa. Los 10 pueblos con mayor ratio de vehículos por habitante matricularon en el 2015 un total de 130.475 turismos. En todo el año se vendieron en España un total de 1.034.232 coches. En esos 10 municipios viven 9.006 personas, y en todo el país, 46.624.382.

La regla de tres da como resultado que el 0,019% de la población amasa el 12,6% de las matrículas. Si se cogen solo las placas solicitadas por empresas de alquiler (176.571) y de renting (275.796), el porcentaje es muy superior: el 29%.

Esta situación perjudica a las localidades por las que sí circularán esos coches, motos, camiones o remolques. No solamente porque se trata de autos que dejan de ingresar en esas arcas municipales, sino porque, además, esas ciudades tienen que lidiar con toda la polución y el tráfico que generan mientras que el impuesto de tracción mecánica se acaba quedando en otro lugar.

Un ejemplo: en diez años, Madrid dejó de ingresar la mareante cifra de 62,4 millones de euros.