Con gritos de "terrorista", "asesino" y, sobre todo, "dimisión" fue recibido ayer el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, en su primera visita a las zonas afectadas por el vertido del Prestige , 13 días después de que se iniciase la crisis.

Los ánimos estaban crispados en Muxía, donde el ministro se reunió con las cofradías de pescadores. El alcalde de esta localidad, Alberto Blanco, trató de apaciguar el ambiente. "El ministro viene a ver cuáles son nuestras necesidades, viene a ayudar, no a entorpecer como otros", afirmó el edil. El mismo Arias Cañete se defendió de sus detractores: "Ni siquiera son gente del pueblo".

Otros alcaldes no opinaban igual. El de Corcubión, Rafael Mouzo, insistió: "Nos puentean, dificultan nuestra organización y luego tienen la desfachatez de venir aquí, a nuestra casa, a provocarnos y decirnos que está todo controlado. ¡Mentira!"

PROBLEMA ECONOMICO Arias Cañete reconoció que el vertido del Prestige , que afecta a 550 kilómetros de costa, es un "grave problema económico y social". Estas declaraciones contrastan con las que realizó al principio de la crisis, cuando le pareció que la situación no era tan delicada gracias a la "rápida actuación" del Gobierno.

El ministro explicó que la Xunta actuó en "íntima colaboración" con el Gobierno central y calificó las labores desempeñadas por ambos ejecutivos de "coordinación ejemplar". Destacó el buen entendimiento entre administraciones sobre las indemnizaciones que cobrarán los afectados. Se trata de un "vertido muy serio que afecta a una extensión muy importante", relató el ministro, pero "no es una marea negra", al no afectar "con la misma densidad a toda la costa".

Arias Cañete lamentó estar "una vez más, ante la mirada indignada y solidaria de la mayor parte de una comunidad internacional, atónita de nuevo ante estos hechos, pero impotente para acabar con ellos". Sin embargo, añadió, "esa comunidad se ha dotado de argumentos que respaldan la toma de medidas".