El 2012 fue el año de los rescates encadenados. Semanas antes de que España pidiera a la Unión Europea el rescate del sistema financiero español (en junio del 2012), el Ministerio de Hacienda ya había diseñado el Plan de Pago a Proveedores, para hacer llegar a las comunidades dinero con el que atender las facturas guardadas en el cajón. Poco después, en julio del 2012, vino el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La prima de riesgo estaba por las nubes y aunque el Tesoro tenía que pagar un precio astronómico para pedir dinero en los mercados, al menos lo conseguía; algo que para la mayor parte de las comunidades autónomas era poco menos que imposible.
El FLA se convirtió en el instrumento de rescate de las autonomías. Hacienda les iba a hacer llegar el dinero que necesitaran para financiar su gasto y los vencimientos de su deuda pública, pero a cambio habrían de pasar por el aro. Tendrían que reconducir sus cuentas y garantizar que serían capaces de devolver al Tesoro el dinero, en un mecanismo de palo y zanahoria típico de cualquier operación de rescate e intervención.
un tercio para cataluña / Después del Plan de Pago a Proveedores (PPP) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el 2012, vino en el 2015 el Fondo Social (para saldar las deudas de las autonomías con los ayuntamientos) y la el Fondo de Facilidad Financiera (FFF, para hacer llegar financiación a las comunidades que sí cumplían al déficit). Toda esta ensalada de siglas ha servido para regar las autonomías con un total de 174.082,70 millones desde el 2012, un tercio de los cuales han ido a parar a Cataluña. Y para lograr un ahorro en pago de intereses que Hacienda cifra en 22.062 millones.
En el interín, la presidenta Luisa Fernanda Rudi se resistió todo lo posible a sumarse al Fondo de Liquidez Autonómico. En el año 2014 el pago a proveedores ya se retrasaba más de lo recomendable, pero el Departamento de Hacienda seguía sin trasladar la petición ante el riesgo de que la «credibilidad» aragonesa en los mercados financieros se viese resentida. Era la época en la que las notas de las agencias crediticias como Standard & Poor’s o Lehman Brothers eran seguidas con la máxima atención. Esa situación provocó que la comunidad tuviera menos dinero en caja, algo que la hacía depender más de sus propios ingresos y por lo tanto retrasar sus obligaciones.
EN ARAGÓN / Finalmente, en octubre del 2015, Aragón acabó por adherirse al FLA, lo que supuso la necesidad de presentar un plan de ajuste, como ocurrió en el 2016. El último aporte del Ministerio de Hacienda a las arcas aragonesas se produjo el pasado mes de abril. El total asignado a Aragón es 264,06 millones de euros. 137,14 se están destinando a amortizar vencimientos; 17,70 millones a financiar la devolución de las liquidaciones negativas del 2008 y 2009; y 109,22 a financiar el objetivo de déficit de 2017 del 0,6% del PIB autonómico.
De cara al futuro, con un nivel de liquidez prestada por el Estado a las autonomías de 174.082 millones hasta el 2017 (el 15% del PIB), el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que se podría considerar el perdón de una parte de esta deuda dentro de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.
La Generalitat de Valencia, por ejemplo, argumenta que una parte de sus 38.233 millones de deuda con el Estado se deben al menor nivel de recursos llegados desde el sistema de financiación autonómica. Las comunidades con menor nivel de deuda con el Estado, sin embargo, recelan de la intención de Gobierno de condonar parte de estas cantidades. En esta situación están Aragón, La Rioja, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Madrid o Galicia.
Montoro defiende que la tendencia natural del FLA es la de su desaparición paulatina, a medida que las autonomías puedan acceder a los mercados financieros en buenas condiciones. Hay otras voces en el Gobierno que, sin embargo, defienden las ventajas financieras (ahorro) de mantener un sistema de emisión centralizada. Aunque eso «exigiría que las comunidades renunciaran a su autonomía financiera», algo que se antoja casi imposible desde una óptica política. Sin embargo, hay que intentarlo.
Por este motivo, se ha constituido una mesa de estudio compuesta por expertos para estudiar un nuevo modelo de financiación autonómica. Esta sería la única forma de dotar económiamente a las comunidades de las cantidades que precisany que es la única forma de que puedan prestar los servicios que prestan con estándares de calidad y sin que ello suponga que tengan que desajustar sus cuentas, con el consiguiente castigo de Bruselas y la puesta en marcha de recortes.
