La victoria en los tribunales del Ayuntamiento de Zaragoza frente a la contrata del autobús deja tras de sí la agridulce lectura que hoy puede hacer el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). Algo pasa cuando no anuncia a bombo y platillo la buena nueva que le libera de la obligación de buscar este año 45,3 millones de euros para pagar a Autobuses Urbanos --antes TUZSA-- por sentencia firme.

Sobre todo un día después de que el Tribunal Supremo le dijera que busque 7,2 para dárselos al club Tiro de Pichón por las expropiaciones de la Expo. Quizá la sensación en ZeC sea más parecida a la del viernes pasado, con el archivo de la querella por el pago de los despidos de los 153 trabajadores del bus en el 2013. No es como para callar algo así. El TSJA les daba ayer un premio de los gordos y su silencio fue absoluto.

Porque vaya semanita de vaivenes judiciales que lleva. De sentencia en sentencia, no dan abasto para analizar cada sobresalto y, en lo político, con sus críticas a la gestión del Gobierno anterior del PSOE en la memoria. Nunca habría imaginado que en solo siete días un juez le diría a ZeC que se pasó de frenada con el polémico pago de los despidos a AUZSA y otro distinto le diría que la proclamada lesividad que defendió Belloch para no pagarle 45,3 millones era cierta. Y que además debería alegrarse por sortear el mayor socavón que ya esperaba para este año.

Y será casualidad pero coincide con el cese del jefe de los servicios jurídicos municipales, Luis García Mercadal. Pocos días después de su "pérdida de confianza", la Justicia archiva la querella por la que fue imputado --y que motivó supuestamente su destitución--, y el TSJA aplaude el recurso que lleva su sello, de su época de mano derecha del socialista Fernando Gimeno en Hacienda. Es la balanza de la Justicia, que se balancea caprichosamente.