Las instalaciones cambiaron de manos porque la empresa que impulsó este negocio vio frustrados sus planes en toda España. Lo transfirió a uno de los proveedores de las obras que, por sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social, acabó por tener embargada hasta la concesión en Zaragoza. Ahora los 300.000 euros que debe al ayuntamiento por no haber abonado nunca el canon es el menor de los problemas para el consistorio.
