El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha dado el primer paso para zanjar las facturas pendientes a los proveedores con la redacción de un informe detallado sobre las deudas, tal y como marca el decreto ley que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros, aunque con muchas dudas. Sobre todo en lo que se refiere al periodo para pagar esta financiación extra, que para el consistorio debería ser, como mínimo de diez años, dado que un plazo menor podría conllevar la eliminación de otras partidas, como las dedicadas a las entidades sociales.

El vicealcalde y responsable económico del ayuntamiento, Fernando Gimeno, anunció ayer, antes de celebrarse la Comisión de Economía, que el consistorio emitirá "en los próximos días y de forma urgente" al Ministerio de Hacienda un informe con la relación de todas las facturas por pagar. La normativa, publicada en el BOE del pasado sábado, establece el plazo del 15 de marzo para el envío de esta documentación. Mientras que el PP cifra esta deuda en "al menos" 102 millones, Gimeno aseguró no conocer la cuantía global hasta que concluya el informe, pero apuntó que, en el caso de no superar apenas el centenar de millones, "sería poco" para un ayuntamiento con un presupuesto "de 700 millones".

SIN DEFINIR Pero para el Gobierno de la ciudad, el meollo de la cuestión es otro. El plazo para que el consistorio pague el crédito con el que saldará sus deudas es todavía es una incógnita --así como sus condiciones--, dado que el propio decreto establece que las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago mediante la concertación de una operación de endeudamiento "a largo plazo". Sin definir más.

Por eso Gimeno alertó sobre cómo afectaría a las partidas destinadas a las entidades sociales que el periodo de devolución fuera reducido. "Si es de cinco años sería un desastre, ya que los colectivos sociales se quedarían sin dinero", apuntó. De hecho, el teniente de alcalde de Economía apostó por un plazo de "diez, veinte o incluso treinta años" para la devolución del crédito.

INCERTIDUMBRE El vicealcalde no dudó en mostrar su malestar, como ya ha reiterado en otras ocasiones, por los cambios de escenario que plantea el Ejecutivo central con sus medidas. "Algo que caracteriza al Gobierno es la toma decisiones que afectan a otras decisiones previas" y que generan "incertidumbre sobre incertidumbre", apuntó. Como ejemplo, las propuestas relativas al IBI o al pago de la deuda de administraciones.

Gimeno aseguró estar "sorprendido" por la "técnica utilizada" por el Gobierno central al estimar que es "ilegal", dado que le quita competencias a las comunidades y a los órganos municipales. "No entendemos nada y no sé si el fin justifica los medios en este caso", apuntó. "Qué pasa con los planes económico-financieros, porque el Estado acaba de arrogarse para sí mismo las competencias de un plan de ajuste", se preguntó el vicealcalde.

De hecho, esta cuestión centró el debate de la comisión y provocó el enfrentamiento con el PP, cuyo portavoz económico, Jorge Azcón, vaticinó que en marzo el consistorio vivirá su "tormenta económica perfecta", al unirse en el mismo mes la liquidación del presupuesto anterior, el nuevo plan de ajuste y los presupuestos del 2012. "España acaba de aprobar una ley que se ha cargado el plan económico financiero, además de las competencias de la comunidad. Leásela", contestó Gimeno.

También el portavoz de IU, José Manuel Alonso, expresó sus dudas por las lagunas del decreto. "Si la ley es dura puede ser ley, si es confusa no puede ser ley", aseguró. Y propuso que las operaciones de endeudamiento que facilite el ICO se concedan con el Euribor o tipo de interés interbancario como referencia, actualmente un 1,6% anual. "En un préstamo entre instituciones públicas no sería lógico cobrar un interés mayor que el que utilizan los bancos en sus operaciones internas", añadió.