El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá sobre la mesa un ultimatum a la concesionaria del servicio de autobús que podría pasar por la anulación de la adjudicación del actual contrato a Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ). En la reunión de ambas partes, que se celebrará mañana, le mostrará a los responsables del Grupo Avanza el escrito remitido por el Registro de Bienes Muebles en el que se informa de que estos utilizaron parte de la concesión del transporte urbano y la supuesta deuda de 50 millones de euros que el consistorio tiene con ellos para cerrar una operación de refinanciación de deuda por un valor de 365 millones de euros, rubricada con los bancos solo cuatro días después de la adjudicación inicial.
El Gobierno municipal ayer, en boca del vicealcalde, Fernando Gimeno, aseguró que desconocía que se hubiera utilizado esto como garantía, o al menos no hubo comunicación formal, e incluso que evidencia que su solvencia económica no era la que acreditaron en su oferta.
DOS OPCIONES
De manera que ahora, subrayó, solo quedan dos opciones: la anulación de la adjudicación y volver a sacar a concurso el contrato "inmediatamente", acuda o no AUZ a los tribunales, o la anulabilidad de los datos presentados al Registro. Esta consistiría en modificarlos porque el ayuntamiento ni los reconoce ni los piensa asumir en caso de que la empresa dejara de hacer frente a sus pagos y los bancos se dirigieran a él para cobrar. Un aparente callejón sin salida que no tiene vuelta atrás, haya o no paz mañana sobre la recolocación de los 125 despedidos forzosos.
Sin embargo, esta ofensiva (después del último informe en el que se denunciaba el enriquecimiento injusto de TUZSA, adelantado por EL PERIÓDICO) es triple. Falta un último documento en manos del Gobierno municipal en el que, al parecer, la auditoría de la deuda concluiría que la empresa debería pagar al consistorio más de diez millones de euros, entre los billetes gratuitos para empleados y sus familiares, y las revisiones de precios al alza basados en convenios laborales que nunca ha reconocido. Un balance distinto a los más de 50 millones que exige TUZSA.
PASOS A DAR
Pero Gimeno no quiso hablar de este documento. Su intervención se centró en el escrito del Registro, publicado ayer por Heraldo, que evidenciaba cómo el pasado mes de mayo se rubricaban dos operaciones de crédito por valor de 315 y 50 millones en las que, primero TUZSA y luego AUZ, ponían la contrata del bus como garantía.
Gimeno aseguró que la ocultación de estos datos supone "un problema importante" desde el punto de vista jurídico, porque es "imposible" que se vayan a tener que abonar los posibles impagos a los bancos de Avanza.
El vicealcalde afirmó que se ha "ocultado un endeudamiento importante", que no figuraba en su oferta y que no acreditar su solvencia fue uno de los motivos por los que se excluyó del concurso a su única competidora, la cooperativa de trabajadores.
Por eso, ahora se le pediría a la empresa que subsane los errores del Registro, que presente avales sobre su solvencia o que se exponga a la anulación. Además, el Gobierno se dirigirá al Registro para aclarar la situación. Y garantizó que el servicio no corre peligro proque la empresa seguirá prestando el servicio hasta que haya nuevo adjudicatario.
