El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, aseguró ayer en las Cortes que no hará ningún plan de ajuste este año. Eso sí, ha remitido ya al ministerio un conjunto de documentos con las partidas que tiene previsto bloquear este ejercicio para poder pagar las nóminas. La cuantía asciende a 140 millones y servirá para cubrir los salarios de los funcionarios de sanidad y educación.

Gimeno hará esta modificación de crédito en otoño. Consistirá básicamente en bloquear partidas, que no se ejecutarán. Ese dinero se destinará a pagar nóminas, puesto que según explicó ayer el consejero, el PP no presupuestó suficiente dinero. Por lo tanto, dijo, no habrá plan de ajuste como tal. Pero anunció que antes de que termine el año remitirá al Ministerio de Hacienda un plan económico--financiero para aplicarlo en un plazo de tres años. Aunque precisó que su ejecución, a partir del 2016, dependerá de los ingresos, que el consejero prevé que aumenten ostensiblemente, por lo que no sería preciso ningún tipo de ajuste.

El optimismo de Gimeno, que ayer compareció en las Cortes para explicar el contenido del último Consejo de Política Fiscal y Financiera --que hoy se reúne de nuevo--, se basa en una carta remitida por la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. En la misiva se advierte que Aragón no cumplirá con el objetivo de déficit este año, pero que la situación podría corregirse en el siguiente ejercicio por la evolución prevista de los recursos del sistema de financiación autonómico. En esta coyuntura, advierte este organismo, no sería necesario que el Gobierno adoptase medidas adicionales. Eso, unido, al aumento de los impuestos que prevé implementar Gimeno podrían dar un giro en las maltrechas cuentas de la comunidad.

El consejero volvió a insistir, aunque ayer en sede parlamentaria, que Aragón no cumplirá con el déficit del 0,7% del PIB este año, y recalcó que no es posible abordar un plan de ajuste porque los servicios sociales son la prioridad. Se llevó las críticas del PP, cuyo portavoz, Antonio Suárez, lo acusó de "victimismo". Logró el respaldo de los grupos de la izquierda precisamente por plantar cara al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y los reproches de Ciudadanos y el PAR que dudaron de la conveniencia de desoír las exigencias de Madrid.