Al Ayuntamiento de Zaragoza lo que le obsesiona es la declaración de lesividad --se formaliza cuando hay prejuicio para las arcas fiscales--, el resto, son meras anécdotas. Así de claro fue el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, tras preguntarle sobre los costes que TUZSA cargó al consistorio por la realización de fiestas, la compra de obsequios o de alquileres.

"Son anécdotas que a veces suenan fatal", dijo el titular del área que solicitó la auditoría de las cuentas del ejercicio del 2002 --gobernaba el PP-- que reflejan que la contrata estaba hinchando sus resultados. No obstante, Gimeno señaló que estos datos auditados serán analizados "caso a caso" porque hay que "verificarlos". De producirse, se comprobaría y se rectificaría, dijo, pero, adelantó que "hablamos de cuantías que no tienen nada que ver cuando estamos hablando de 30 millones de euros", haciendo referencia a la cantidad que el ayuntamiento reclama a TUZSA. "Lo que le obsesiona al consistorio en estos momentos es la declaración de lesividad" con la que confían que culmine con una decisión del juzgado de lo contencioso "dándole la razón al consistorio".

Pero de los errores se aprende, y el vicealcalde señaló que "toda la experiencia de lo acumulado se ha rectificado" en el último contrato firmado con Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ) que acabó con 153 despidos, 28 de ellos voluntarios, y su futura recolocación. "Las normas por las cuales se ha regido el contrato de TUZSA eran un convenio del año 82", justificó, y que han servicio para no volver a tropezar con la misma piedra. Al antiguo convenio "le hemos dado un vuelco definitivo en la última adjudicación" y el consistorio "ya ha tomado medidas para exigir que se devuelva dinero porque creemos que se han cometido errores en la gestión de la contrata", puntualizó.

El consistorio acordó la semana pasada iniciar el proceso de lesividad "por haber imputado un precio por encima de lo que decía la ley", por un total de 30 millones de euros. Existen cinco años para declarar lesiva una decisión que el ayuntamiento tomó en el 2010 y antes de mayo del 2015 todos los expedientes deberían estar resueltos. Hay que sumar los 20 millones de euros que se reclaman en concepto de bonos familiares.