La concesionaria del transporte público, TUZSA, hinchó los gastos en sus cuentas del 2002 --cuando gobernaba el PP en el consistorio zaragozano-- para poder justificar la revisión al alza de los precios del autobús. La contrata no solo pasó las facturas de fiestas, cenas y aguinaldos de Navidad, como reveló ayer EL PERIÓDICO. También sumó como costes los impuestos que pagaba al ayuntamiento. Y las comisiones por avales solicitados para proyectos ajenos a Zaragoza. Y, también, los intereses que abonaba a entidades bancarias. Por si fuera poco, la empresa, en su calidad de servicio público, sumaba un beneficio del 15% a cada una de las cuentas que facturaba a las arcas municipales. Sin excepción.
Todo con tal de engordar los costes que, en principio, tenía TUZSA por la prestación del servicio de transporte urbano en Zaragoza. En esa voluntad de hinchar sus cuentas, la concesionaria tuvo que incluir todo tipo de gastos. Así aparece en una auditoría, a la que ha tenido acceso este diario. Se imputaron como costes de explotación conceptos que no estaban relacionados con la prestación del servicio. Por ejemplo, la celebración de fiestas de Navidad, la compra de abonos del Real Zaragoza o el alquiler de dos bungalow en Ligüerre de Cinca, entre otros tantos.
Pero los gastos impositivos también fueron clave para justificar una revisión alcista de los precios por kilómetro. TUZSA incluyó los tributos que como concesionaria abonaba al ayuntamiento. Según la auditoría, en el 2002 la sociedad pasó al consistorio 40.503 euros por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); 2.249 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y 678 euros en concepto de contribuciones especiales y tasas. "Se produce la paradoja de que la empresa repercute dichos gastos en el precio por kilómetro", denuncia la auditoría, que añade que "es inadmisible" que a una contrata pública le origine beneficios pagar los impuestos.
La auditoría detecta más formas de hinchar los supuestos costes de explotación. TUZSA imputaba como costes del servicio todos sus gastos financieros: en el 2002, 213.957 euros. Aunque finalmente no se tuvieron en cuenta para recalcular al alza el precio de los kilómetros, sí se utilizaron como argumento en la negociación con el consistorio. Por intereses pagados a entidades de crédito, la concesionaria abonó un total de 202.618,8 euros. Estos intereses tienen su origen en los contratos de leasing para la adquisición de los autobuses que supusieron 166.869 euros y 35.749 por créditos.
No obstante, el pago de estos créditos podría haberse evitado si la empresa hubiera cumplido su contrato. El convenio dicta que debía tener un fondo de reserva especial para renovar la flota de autobuses. No fue así.
RENOVACIÓN DE LA FLOTA En el ejercicio analizado, no existía tal colchón financiero y sus repercusiones fueron que se "retrasaran algunas inversiones y se produjera una falta de liquidez". En las conclusiones del estudio se indica que en el ejercicio del año analizado las reservas voluntarias disminuyeron "de forma muy importante como consecuencia de un reparto de dividendos de 14.252.624 euros". Así, de 16.293.024 euros con los que contaba esta cuenta inicialmente, pasó a tener 6.524.092 euros repercutiendo directamente en el fondo de reposición de la flota que disminuyó a 1.075.272 euros.
La auditoría también cuestiona las comisiones que TUZSA cargó al consistorio de los avales a favor de terceros. A 31 de diciembre del 2002 la empresa había avalado al Ayuntamiento de Guadalajara para un concurso de de transporte público en el 2002 y para el mismo fin, pero en 1995. También dio dinero a la Junta de Andalucía para presentarse al concurso para la construcción y explotación de la línea 1 de metro de Sevilla. El total de las comisiones que originaron estos avales ascendió a 5.780 euros que TUZSA incluyó en sus cuentas para forzar al consistorio en la negociación de los precios. El texto concluye que habría que "quitar como gasto imputable la explotación de las comisiones de los avales no referidos a la contrata".
Es por este detalle por que el sí acepta el último aval firmado ese año y que corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza en concepto de obligaciones de rehabilitación de unas obras finalizadas.
